La Corte de Apelaciones respalda a la FNE: universidades enfrentan un revés en su defensa legal

El 18 de abril de 2025, la Corte de Apelaciones rechazó los recursos presentados por varias universidades en contra de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), ratificando la legalidad de las solicitudes de información en el marco de un Estudio de Mercado sobre la Educación Superior. Este fallo, que ha tenido un eco profundo en distintos sectores, marca un punto de inflexión en la relación entre las casas de estudio y el organismo regulador.

El choque de poderes: FNE vs. universidades

Para la FNE, este respaldo judicial “confirma la legitimidad y necesidad de contar con datos precisos y completos para evaluar prácticas que podrían afectar la competencia en la educación superior”. Desde su perspectiva, la decisión fortalece su rol fiscalizador y su capacidad para intervenir en sectores considerados estratégicos para el desarrollo nacional.

En contraparte, las universidades implicadas han manifestado su frustración y preocupación. Argumentan que “la intervención de la FNE ha sido excesiva, invasiva y amenaza la autonomía institucional”. Estas casas de estudio denuncian una intromisión que va más allá de lo legal, afectando la confianza y la capacidad de gestión interna, además de abrir un precedente que podría afectar a otras instituciones privadas y públicas.

Perspectivas políticas y sociales

Desde el ámbito político, las reacciones se dividen según la orientación ideológica. Sectores progresistas y de izquierda han valorado el fallo como un paso necesario para aumentar la transparencia y combatir posibles prácticas monopólicas o colusorias en el mercado educativo, un tema que históricamente ha sido objeto de críticas por su impacto en la desigualdad social.

Por otro lado, voces conservadoras y representantes de gremios universitarios han cuestionado la excesiva regulación estatal, alertando sobre riesgos para la libertad académica y la calidad educativa. En regiones fuera de Santiago, donde la oferta universitaria es más limitada, la preocupación se centra en que esta fiscalización pueda restringir la diversidad y el acceso a la educación superior.

Consecuencias y lecciones a mediano plazo

Este fallo judicial no solo reafirma la potestad de la FNE para solicitar información, sino que también abre la puerta a un escrutinio más riguroso del mercado educativo en Chile. Para las universidades, implica la necesidad de revisar sus prácticas y prepararse para una mayor transparencia y rendición de cuentas.

A nivel social, el caso pone en evidencia las tensiones entre regulación y autonomía, entre interés público y privado, que atraviesan el sistema educativo chileno. La discusión no termina con este fallo; al contrario, se intensifica en un contexto donde la calidad, el acceso y la equidad educativa siguen siendo desafíos pendientes.

En definitiva, la Corte de Apelaciones ha encendido una chispa que invita a repensar el equilibrio de poderes y responsabilidades en un sector clave para el futuro del país. La tragedia, para algunas universidades, es la oportunidad para una transformación profunda, mientras que para la FNE representa un espaldarazo para continuar su misión de proteger la competencia y el interés ciudadano.

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Fuentes: Diario Financiero (18-04-2025), declaraciones oficiales de la Fiscalía Nacional Económica y representantes universitarios.