
El 17 de abril de 2025, un sismo de magnitud 5,6 sacudió el norte de Chile, con epicentro a 42 kilómetros de Socaire, afectando a comunas como Mejillones, Sierra Gorda, San Pedro de Atacama, Antofagasta, Calama, Diego de Almagro y El Salvador. El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada descartó la posibilidad de tsunami. A pesar de la intensidad y la amplia percepción del temblor, no se registraron daños graves ni víctimas fatales, lo que, a primera vista, podría interpretarse como un éxito en la gestión del riesgo sísmico.
Sin embargo, la historia no termina ahí. La sacudida reactivó viejas tensiones y cuestionamientos sobre la preparación de las autoridades y la resiliencia de las comunidades, especialmente en regiones donde la vulnerabilidad social y económica es alta.
Desde una perspectiva política, el gobierno nacional defendió la respuesta institucional, destacando la labor preventiva y la actualización de protocolos tras los grandes terremotos del pasado. “Este sismo confirma que nuestro sistema de alertas y evacuación funciona, pero no podemos bajar la guardia”, señaló una autoridad del Ministerio del Interior.
En contraste, organizaciones sociales y líderes locales expresaron su preocupación por la persistente falta de infraestructura adecuada y la insuficiente inversión en educación comunitaria sobre riesgos. “Las comunidades siguen sintiéndose desprotegidas y poco escuchadas. No basta con alertas si no hay un plan real que incluya a quienes viven en la primera línea del desastre”, afirmaron desde una agrupación de vecinos de Calama.
Los expertos en sismología y gestión del riesgo aportan otra capa al debate. Mientras reconocen que la magnitud del evento fue moderada, advierten que la frecuencia de temblores en la zona es un recordatorio constante de la amenaza latente. “Chile está en la convergencia de placas tectónicas que generan una actividad sísmica intensa. La clave está en combinar ciencia, política y comunidad para minimizar impactos futuros”, explicó una académica de la Universidad de Chile.
En términos socioeconómicos, el sismo puso nuevamente en evidencia las desigualdades regionales. Comunas con menor desarrollo y acceso a servicios enfrentan mayores retos para recuperarse y protegerse, mientras que las zonas urbanas más desarrolladas cuentan con mejores recursos y redes de apoyo.
Este episodio también recordó la importancia de la memoria histórica en Chile. Las heridas abiertas por terremotos pasados, como el de 2010, todavía influyen en la percepción ciudadana y en la confianza hacia las autoridades.
En definitiva, el temblor de abril no solo fue un evento natural, sino un espejo donde se reflejan múltiples tensiones: entre la ciencia y la política, la comunidad y el Estado, el pasado y el futuro. Aunque no hubo daños materiales significativos, este sismo ha reactivado un debate esencial sobre cómo Chile enfrenta sus riesgos sísmicos en un contexto de cambio climático y urbanización acelerada.
Las verdades que emergen son claras: la preparación no puede ser solo técnica ni institucional; debe ser inclusiva y transversal. Las consecuencias visibles, aunque leves en esta ocasión, podrían ser devastadoras si no se aprende y se actúa con profundidad. La historia de Chile con los terremotos es también una historia de desafíos sociales y políticos que aún están por resolverse.