Corte Suprema confirma término anticipado de concesión en Vitacura: un triunfo vecinal que reconfigura la relación público-privada
Un fallo que resonó más allá de los límites de Vitacura se consumó en abril de este año, cuando la Corte Suprema confirmó el término anticipado del contrato de concesión para construir estacionamientos subterráneos en la Avenida Alonso de Córdova. Esta decisión, que parecía improbable en medio de la tensión inicial, se transformó en una victoria emblemática para la Municipalidad y los vecinos que cuestionaron un proyecto que, en sus palabras, atentaba contra el orden y la legalidad del espacio público.
El origen de la disputa
El conflicto comenzó años atrás, cuando una empresa privada obtuvo la concesión para levantar estacionamientos bajo una de las arterias más emblemáticas de Vitacura. Las irregularidades detectadas en la ejecución del proyecto motivaron a la Asociación Alonso de Córdova/Nueva Costanera a presentar observaciones ante la Contraloría General de la República, señalando múltiples falencias y posibles abusos en el proceso.
Esta presión ciudadana y técnica llevó a la municipalidad a reevaluar la concesión y, en 2022, a decretar su término anticipado. La empresa concesionaria, en respuesta, buscó revertir esta decisión mediante reclamos legales que prolongaron el conflicto hasta la reciente sentencia definitiva.
Distintas perspectivas en pugna
Desde la mirada del municipio, representado legalmente por Mauricio Cisternas, socio de Cisternas y Concha, la defensa fue clara: 'La legalidad del término anticipado es insoslayable, pues actos administrativos internos no pueden generar expectativas legítimas que limiten el ejercicio de facultades contractuales municipales.' Esta postura fue respaldada por la Corte Suprema, que desestimó los argumentos de la empresa concesionaria.
Por otro lado, la empresa concesionaria sostuvo que la municipalidad había actuado de manera abusiva y que existían documentos que avalaban la continuidad del contrato. Sin embargo, el tribunal enfatizó que dichos documentos carecían de la competencia para modificar o interpretar el contrato, por lo que no generaban derechos legítimos.
La voz vecinal, canalizada por la Asociación Alonso de Córdova/Nueva Costanera, fue clave. Fernando Zúñiga, socio de Pellegrini & Rencoret, destacó que 'la comunidad no solo defendió un espacio urbano, sino que también exigió transparencia y respeto a las normas que regulan la convivencia y el desarrollo sustentable.'
Consecuencias y aprendizajes
Este fallo no solo cierra un capítulo legal, sino que también abre una reflexión sobre la relación entre lo público y lo privado en la gestión urbana chilena. La sentencia reafirma la potestad municipal para ejercer control sobre concesiones, incluso cuando estas involucran intereses económicos poderosos.
Además, pone en evidencia la importancia de la participación ciudadana y la vigilancia vecinal como mecanismos para fiscalizar proyectos y defender el interés general. La decisión de la Corte Suprema establece un precedente que podría influir en futuras concesiones y proyectos urbanos en todo el país.
Sin embargo, este desenlace también deja en la arena pública interrogantes sobre la planificación urbana, la transparencia en los procesos y la necesidad de políticas claras que eviten prolongadas disputas legales y costos sociales.
En definitiva, la historia de Vitacura es una tragedia contemporánea donde se enfrentan actores con intereses encontrados, pero también una lección sobre cómo la ley, la ciudadanía y la justicia pueden confluir para equilibrar poderes y proteger el espacio común.