Corte Suprema confirma multa a empresa de Luksic por extracción ilegal de aguas: un fallo que remece la gestión hídrica en Coquimbo

El 14 de abril de 2025, la Corte Suprema selló un capítulo que ha marcado la gestión del agua en la Región de Coquimbo, rechazando el recurso de casación presentado por Agrícola El Cerrito S.A., empresa controlada por Andrónico Luksic. Este fallo confirmó la multa de $60 millones impuesta en 2022 por la Dirección General de Aguas (DGA) por la extracción ilegal de aguas en el Estero Derecho, una cuenca declarada en zona de escasez hídrica desde 2020.

Este desenlace judicial no solo ratifica la sanción económica, sino que pone en evidencia la complejidad de un conflicto que enfrenta a grandes actores económicos con comunidades agrícolas locales, y que se ha ido desarrollando con tensiones crecientes desde que en 2021 CIPER reveló la instalación irregular de una bomba de extracción por parte de la empresa.

Un choque entre poder económico y pequeños usuarios

Desde la perspectiva de los agricultores denunciantes, la acción de Agrícola El Cerrito ha significado una merma tangible en la disponibilidad del recurso hídrico, vital para sus cultivos y supervivencia. “Nosotros somos los que sentimos la sequía en el día a día, y ver cómo se extrae agua sin permisos en una cuenca agotada es una injusticia que afecta a toda la comunidad”, comentó una representante local al medio regional El Observador de Coquimbo.

En cambio, la empresa reconoció públicamente la falta tras la denuncia y retiró la bomba, con Andrónico Luksic señalando en la plataforma X que “si la empresa incurrió en una falta grave, debe ser sancionada con toda la fuerza de la ley”. Sin embargo, la posterior apelación en tribunales para revertir la multa reveló una contradicción entre el discurso público y la defensa legal.

La justicia en el centro del debate hídrico

La Corte Suprema fundamentó su decisión en la correcta aplicación de la ley, apoyada en informes técnicos y la sentencia previa de la Corte de Apelaciones de Santiago. Se constató que la extracción fue no autorizada y agravada por la condición de escasez hídrica de la cuenca.

Este fallo adquiere una relevancia mayor en un contexto nacional marcado por la crisis hídrica y la presión sobre los recursos naturales. Para expertos en derecho ambiental, representa un precedente para fortalecer la fiscalización y sanción a grandes usuarios, incluso cuando poseen influencia económica considerable.

Perspectivas encontradas y consecuencias visibles

Políticamente, el caso ha servido para alimentar el debate sobre el equilibrio entre desarrollo económico y sustentabilidad ambiental. Organizaciones ambientalistas han celebrado la sentencia como una victoria para la protección del agua, mientras sectores empresariales advierten sobre la necesidad de reglas claras y diálogo para evitar conflictos que afecten la inversión.

En la Región de Coquimbo, la resolución judicial ha generado un efecto inmediato: un llamado a reforzar la gestión integrada de cuencas y a aumentar la transparencia en los permisos de uso de agua. Sin embargo, la desconfianza persiste entre pequeños agricultores y grandes empresas, quienes se ven enfrentados en una pugna que no solo es legal, sino existencial.

Constataciones finales

Este episodio confirma que la crisis hídrica en Chile no es solo un problema ambiental, sino también un desafío social y jurídico. La Corte Suprema, al ratificar la multa, ha enviado un mensaje claro: ninguna empresa está por encima de la ley, y la protección del agua es un interés público prioritario. No obstante, la resolución no disuelve las tensiones ni garantiza soluciones definitivas. La gestión del agua en zonas vulnerables seguirá siendo un terreno de disputa donde convergen intereses económicos, derechos ciudadanos y el imperativo de la sustentabilidad.

La historia de Agrícola El Cerrito y la extracción ilegal es, en definitiva, un espejo de las dificultades que enfrenta Chile para administrar un recurso escaso, y un llamado a la sociedad para enfrentar con rigor y equidad los desafíos del agua en el siglo XXI.

---

Fuentes: CIPER Chile (2021-2025), Dirección General de Aguas, Corte Suprema de Chile, entrevistas a agricultores locales y análisis de expertos en derecho ambiental.