
El escenario en la frontera norte de Chile y Perú ha escalado desde inicios de noviembre, cuando Perú desplegó 100 policías y 50 militares para reforzar más de 20 kilómetros de su límite con Chile. Esta medida, enmarcada en un contexto de creciente migración irregular, fue seguida por un despliegue chileno en la Región de Arica y Parinacota, con la llegada de subsecretarios y autoridades para supervisar y ajustar sus propios controles.
El gobierno peruano, liderado por el presidente José Jerí, activó un comando unificado en Tacna para coordinar patrullajes fijos y móviles, apuntando a contener el tránsito irregular y fortalecer la vigilancia en puntos críticos como Santa Rosa. Esta decisión, según el ministro del Interior peruano Vicente Tiburcio, responde a la necesidad de anticipar escenarios ante cambios en el estatus migratorio y proteger la seguridad nacional.
Desde Santiago, sin embargo, las autoridades mantienen que no se ha producido un aumento significativo en los flujos migratorios. "No vemos alteración de flujos; corresponde ocuparse y prepararse ante cualquier amenaza", afirmó el subsecretario del Interior, Víctor Ramos. Además, cifras oficiales indican una baja del 48% en la migración irregular en Chile, atribuida a un despliegue tecnológico y operativo robusto en la Macrozona norte.
El contraste entre Lima y Santiago no solo es operativo, sino también político y social. Desde el gobierno peruano, se enfatiza la legitimidad del refuerzo como una protección necesaria ante un fenómeno que consideran creciente y complejo. En cambio, desde el oficialismo chileno se descarta que exista un giro normativo o un aumento real en los flujos, apuntando a que la militarización peruana responde más a una estrategia interna que a una crisis migratoria real.
En el terreno, la población local de Tacna y Arica experimenta una tensión palpable. Habitantes y organizaciones sociales denuncian que las medidas de control afectan la movilidad cotidiana y generan situaciones de vulnerabilidad para migrantes, especialmente en términos humanitarios. Por otro lado, sectores que priorizan la seguridad fronteriza aplauden el fortalecimiento de los controles y reclaman mayor coordinación binacional.
En medio de esta disputa, ambos países acordaron reactivar el Comité Binacional de Cooperación Migratoria a partir del lunes 1 de diciembre, con la participación de altos funcionarios de seguridad y migraciones. La agenda incluye cinco puntos clave, entre ellos la coordinación de patrullajes, el manejo de flujos humanitarios y la replicación de experiencias exitosas de cooperación regional.
El director del Servicio Nacional de Migraciones chileno, Eduardo Thayer, subrayó la importancia de mantener un "flujo ordenado y normal" en pasos fronterizos como Chacalluta, con reglas claras para la salida y entrada de personas. Sin embargo, expertos advierten que sin un enfoque integral que incluya desarrollo social y respeto a derechos humanos, la tensión podría persistir o incluso escalar.
A casi un mes del inicio de estos despliegues, es posible concluir que:
- La militarización y refuerzo policial en la frontera norte han profundizado la percepción de crisis, aunque las cifras oficiales chilenas no confirman un aumento sustancial en la migración irregular.
- Las diferencias en la narrativa oficial reflejan tensiones políticas y estratégicas entre Perú y Chile, que requieren mayor diálogo y transparencia para evitar malentendidos y conflictos.
- La dimensión humanitaria y social sigue siendo un desafío pendiente, con impactos visibles en comunidades fronterizas y migrantes, que necesitan respuestas coordinadas y respetuosas.
Este episodio expone las complejidades inherentes a la gestión migratoria en un contexto regional dinámico. La frontera norte no solo es un espacio geográfico, sino un escenario donde convergen intereses políticos, sociales y humanos que demandan una mirada crítica y plural para avanzar hacia soluciones sostenibles.