El debate sobre la reducción de dividendos hipotecarios: un impulso a la vivienda con tensiones sociales

Un proyecto que buscaba aliviar la carga hipotecaria y reactivar la construcción se transformó en un escenario de tensiones y expectativas encontradas. El 16 de abril de 2025, el Senado aprobó en general un proyecto para reducir los dividendos hipotecarios, con 29 votos a favor y 2 abstenciones, sin votos en contra. Esta iniciativa, impulsada inicialmente por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif), y respaldada por el Ministerio de Hacienda, pretendía entregar hasta 50.000 subsidios para facilitar el acceso a viviendas nuevas de hasta 4.000 UF, con un foco especial en 6.000 subsidios para primeras viviendas de hasta 3.000 UF, en el marco del plan de emergencia habitacional.

Desde el oficialismo, el ministro Mario Marcel destacó que el proyecto busca reactivar el acceso a la vivienda y la industria de la construcción, clave para la generación de empleo. 'Lo que se busca es combinar una reactivación del acceso a la vivienda a través del crédito hipotecario, después de un periodo en que ha estado bastante bajo, particularmente en relación con los costos de este, para que haya más familias que accedan a la vivienda propia,' señaló.

Sin embargo, la iniciativa no estuvo exenta de críticas y cuestionamientos. Sectores de oposición y organizaciones sociales alertaron sobre el riesgo de que el subsidio beneficie principalmente a sectores medios y altos, sin atacar las causas estructurales del déficit habitacional ni la especulación inmobiliaria. Desde esta perspectiva, el proyecto podría perpetuar desigualdades y no garantizar un acceso real y sostenible a la vivienda para las familias más vulnerables.

En el plano político, la discusión reflejó una fractura clara: mientras algunos parlamentarios valoraron la medida como un paso necesario para dinamizar la economía y el empleo, otros la consideraron insuficiente y con un enfoque demasiado centrado en el mercado inmobiliario tradicional.

En regiones, la recepción fue heterogénea. En zonas urbanas, donde la presión sobre el mercado inmobiliario es intensa, se percibió con esperanza, aunque con cautela. En cambio, en localidades más pequeñas y rurales, la medida fue vista con distancia, ya que no aborda problemas habitacionales específicos ni contempla la realidad de viviendas sociales o autoconstruidas.

A seis meses de la aprobación en general, la Comisión de Hacienda del Senado aún debate los detalles particulares del proyecto, mientras en el sector de la construcción se observa un leve aumento en la oferta de viviendas nuevas, aunque los precios siguen siendo una barrera para muchos.

En síntesis, esta historia revela un choque entre la urgencia por reactivar la economía y las demandas por justicia social en materia habitacional. La realidad es que, aunque el proyecto abre una puerta para aliviar la carga hipotecaria, no resuelve las tensiones profundas que giran en torno a la vivienda en Chile.

Las verdades que emergen son claras: la vivienda sigue siendo un bien escaso y costoso, la construcción es un motor económico fundamental, pero el acceso equitativo requiere políticas más integrales que consideren las múltiples dimensiones del problema. La discusión continuará, y con ella, la necesidad de balancear intereses económicos, sociales y territoriales en un país donde la casa propia sigue siendo un sueño esquivo para muchos.