
Una serie de ataques armados en la Región Metropolitana ha dejado un rastro de violencia que, a un mes de los hechos, sigue sin resolverse y con consecuencias que estremecen a la ciudadanía.
El 28 de octubre de 2025, un hombre de 41 años fue baleado en las piernas en una cancha de fútbol en Buin, luego de ser obligado a correr por desconocidos que lo atacaron sin mediar palabra. La víctima, trasladada al Hospital El Pino, logró sobrevivir y se mantiene fuera de riesgo vital, pero el caso sigue abierto y sin detenidos. La Fiscalía y la PDI investigan posibles rencillas previas, aunque aún no hay certezas sobre los móviles.El comisario Vicente Torres explicó que los atacantes interceptaron a la víctima en la vía pública, la trasladaron al estadio y allí le dispararon.
Un par de días después, en Pudahuel, Carabineros repelió un ataque con un fierro contra sus efectivos durante la detención de un conductor el 30 de octubre. Un hombre que intentó agredir a los policías fue herido de bala en el abdomen y quedó en estado crítico bajo custodia. Este episodio encendió las alarmas sobre la violencia en procedimientos policiales y la reacción de los uniformados frente a agresiones físicas.
Pero la violencia no se detuvo ahí. El 16 de abril, meses antes, un hombre fue baleado en la cabeza desde una motocicleta en Pudahuel, quedando con muerte cerebral. El ataque ocurrió mientras la víctima estaba en su camioneta, y hasta ahora las motivaciones permanecen en la oscuridad. La investigación está en manos del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y la Fiscalía.
Estas tres historias, aparentemente aisladas, forman un cuadro inquietante sobre la inseguridad en zonas que, aunque cercanas a la capital, sufren episodios de violencia que desnudan la fragilidad del sistema de protección ciudadana.
Desde el gobierno, la postura oficial ha sido mantener el apoyo a Carabineros y a las investigaciones en curso, enfatizando la necesidad de fortalecer la presencia policial y la coordinación con la Fiscalía. Sin embargo, sectores de oposición y organizaciones sociales han cuestionado la respuesta estatal, denunciando un modelo policial que a menudo criminaliza y no previene.
Para la académica en criminología, María López, "estos hechos reflejan un problema estructural: la violencia no es solo un asunto policial, sino un síntoma de desigualdades y falta de políticas integrales de prevención".
Por su parte, vecinos y ciudadanos afectados manifiestan una mezcla de temor e indignación. Algunos reclaman mayor seguridad y presencia policial, mientras otros piden reformas profundas para evitar que las fuerzas del orden se conviertan en protagonistas de tragedias.
En términos judiciales, los casos avanzan lentamente. La ausencia de detenidos en el ataque de Buin y la custodia del hombre baleado en Pudahuel evidencian la complejidad de estos procesos y la dificultad para desentrañar redes y motivaciones que, a menudo, se ocultan tras la violencia visible.
La violencia armada en la Región Metropolitana, especialmente en comunas como Pudahuel y Buin, sigue siendo un desafío urgente. El balance que emerge de estos hechos apunta a una realidad donde la seguridad pública está en tensión, entre la respuesta policial, la investigación judicial y la demanda ciudadana por un entorno más seguro.
La reflexión final es clara: sin un abordaje que combine prevención social, reforma policial y justicia efectiva, estos episodios podrían repetirse, profundizando la fractura social y la sensación de inseguridad que hoy viven miles de chilenos.