El debate maduro sobre el sueldo mínimo: ¿protección social o freno al empleo? : La compleja encrucijada del mercado laboral chileno tras las recientes alzas
Un pulso entre bienestar y empleo se ha ido configurando en Chile tras la serie de aumentos al sueldo mínimo que, desde principios de 2023 hasta hoy, han transformado la realidad de millones de trabajadores formales. El salario mínimo pasó de $350 mil a más de $529 mil en apenas dos años, un salto real cercano al 35%, que ha mejorado la calidad de vida de muchos, pero que también ha tensionado el mercado laboral, especialmente en las micro y pequeñas empresas.
El mapa laboral y la concentración de sueldos mínimos
Un análisis exhaustivo realizado por la Facultad de Economía de la Universidad Diego Portales con datos del Seguro de Cesantía revela que el 64% de los trabajadores formales que ganan el sueldo mínimo están concentrados en empresas de 5 o menos trabajadores. En contraste, las grandes empresas (más de 200 trabajadores) concentran menos del 12% de estos trabajadores con ingresos mínimos. Esta realidad ha puesto de manifiesto una brecha crucial: las microempresas soportan la mayor carga de los aumentos salariales.
Andrés Hernando, académico de la UDP, señala que "aumentos importantes del salario mínimo sin mejoras similares en productividad pueden generar dificultades para las microempresas, que podrían reducir contratación o cerrar". La preocupación es que, en un contexto de baja creación de empleo formal y un desempleo persistente sobre el 8%, estas tensiones se traduzcan en pérdida neta de puestos de trabajo.
El Banco Central y la advertencia técnica
El Banco Central ha sido enfático en sus informes de política monetaria: las recientes alzas del salario mínimo han tenido un efecto negativo en la creación de empleo formal, estimando una caída de aproximadamente 1,5% en el empleo asalariado formal atribuible a estas políticas. Además, se observa un aumento de hasta 0,3 puntos porcentuales en la tasa de desempleo respecto de su nivel de largo plazo.
El consejero Claudio Soto afirmó que "el efecto está presente, aunque se puede debatir sobre su magnitud y supuestos". Este reconocimiento técnico ha sido clave para que la oposición política plantee limitar futuros aumentos solo al IPC hasta que se recuperen empleo y productividad.
La polémica presidencial y la mirada social
En un giro poco habitual, el Presidente Gabriel Boric ha discrepado públicamente con el Banco Central, defendiendo las alzas salariales como un avance social y un incentivo a la formalización laboral. Boric destacó que "el salario mínimo ha aumentado un 35% real y ha mejorado la calidad de vida de muchos" y que "estos aumentos impulsan la formalización en un país con altos niveles de informalidad".
Esta posición refleja una tensión profunda entre el enfoque técnico-económico y la dimensión social y política de la política salarial, donde el bienestar de los trabajadores y la reducción de la pobreza se contraponen a los riesgos en la generación de empleo.
Voces políticas y escenario de negociación
La oposición parlamentaria, con diputados de la UDI, RN y Republicanos, ha planteado que la próxima negociación del sueldo mínimo debe ser técnica y responsable, proponiendo un reajuste limitado al IPC mientras no se logre una mejora en empleo y productividad. Proponen incluso un sistema de gatillos vinculados a variables objetivas.
En el oficialismo, hay quienes defienden la política social detrás del aumento, pero también reconocen la complejidad del problema y la necesidad de diálogo amplio.
Beneficios sociales y consecuencias visibles
El aumento del sueldo mínimo también ha impactado en beneficios asociados, como la Asignación Familiar y Maternal, que han experimentado incrementos proporcionales, beneficiando a millones de familias. Sin embargo, esta mejora social convive con las dificultades que enfrentan las microempresas para absorber estos costos.
Conclusiones y desafíos futuros
Este episodio revela una verdad ineludible: la política salarial en Chile se encuentra en una encrucijada donde convergen objetivos sociales legítimos y limitaciones económicas reales. La concentración de trabajadores con sueldo mínimo en micro y pequeñas empresas exige políticas públicas que acompañen los aumentos salariales con medidas de productividad y apoyo a estos empleadores.
El debate maduro debe reconocer la complejidad y evitar simplificaciones que solo alimentan la polarización. La próxima administración que asuma en marzo de 2026 enfrentará el desafío de negociar un nuevo reajuste en abril, con la presión de equilibrar justicia social y sostenibilidad económica.
En definitiva, el aumento del sueldo mínimo ha mejorado ingresos y calidad de vida, pero también ha tensionado la creación de empleo formal, especialmente en las empresas más pequeñas. La historia sigue abierta, y su desenlace dependerá de la capacidad del país para construir acuerdos que integren productividad, empleo y justicia social en una política salarial coherente y sostenible.