Crisis migratoria en la frontera norte: un choque entre seguridad, humanidad y política
La crisis migratoria en la frontera entre Chile y Perú ha escalado en las últimas semanas, revelando una compleja trama donde convergen la seguridad nacional, la urgencia humanitaria y la disputa política. El 24 de noviembre de 2025, el presidente interino peruano, José Jerí, declaró estado de emergencia en las provincias fronterizas, desplegando fuerzas militares para controlar el flujo migratorio irregular. Esta medida, que busca frenar la delincuencia asociada a la migración, ha tensionado las relaciones bilaterales y encendido el debate público en Chile.
En Arica, epicentro de esta crisis, el gobernador Diego Paco (RN) ha exigido un reforzamiento inmediato de la frontera chilena, solicitando mayor tecnología, presencia militar y coordinación intersectorial para contener el ingreso irregular de migrantes. Paco no solo ha pedido la visita urgente del presidente Gabriel Boric a la zona, sino que también ha planteado eliminar beneficios sociales para migrantes en situación irregular, como la prioridad en jardines infantiles, argumentando que "nuestro país necesita orden".
En paralelo, el candidato presidencial José Antonio Kast ha utilizado este escenario para demandar una política migratoria más estricta, vinculando la decisión peruana con su propia agenda de expulsión de migrantes regulares. Kast ha llamado a Boric a tomar control y ha advertido que el anuncio peruano es un efecto directo de su campaña.
Por otro lado, el alcalde de Arica, Orlando Vargas (PPD), ha adoptado un enfoque distinto, proponiendo la creación de un "corredor humanitario" que permita el tránsito ordenado de personas y evite la formación de campamentos y bloqueos en el paso fronterizo de Chacalluta. Vargas sostiene que la situación se agrava en esta época navideña, cuando muchos migrantes viajan a sus países de origen para visitar a sus familias, y que la militarización chilena no tiene atribuciones legales para detener el flujo irregular.
En sus palabras: 'Este tipo de problemas se solucionan en forma ministerial a través de la diplomacia. Aquí debería estar el señor Van Klaveren instalado con su homólogo peruano para hacer un corredor humanitario.' Esta visión apela a la cooperación binacional y a la protección de derechos humanos, contraponiéndose a los discursos de seguridad y exclusión.
Desde el oficialismo, el senador Tomás de Rementería (PS) ha calificado las alarmas y llamados de la oposición como "innecesarios y politizados", recordando que el estado de emergencia peruano abarca todas sus fronteras, no solo la chilena, y que la seguridad no debe convertirse en un espectáculo político.
Esta crisis expone, con crudeza, la tensión entre la necesidad de proteger las fronteras y la realidad humana de miles de migrantes que buscan mejores condiciones de vida. La militarización y las restricciones legales chocan con la movilidad y las redes sociales transfronterizas que facilitan el paso irregular.
Las voces en pugna representan un verdadero "coliseo" donde se enfrentan el rigor estatal y la urgencia humanitaria, la política electoral y la diplomacia, la soberanía y la solidaridad.
En conclusión, la crisis migratoria en la frontera norte no es un fenómeno aislado ni temporal, sino un reflejo de dinámicas regionales complejas que requieren respuestas integrales. La insistencia en medidas exclusivamente represivas puede agravar la situación, mientras que la ausencia de coordinación binacional y la politización del tema dificultan soluciones duraderas.
Lo que queda claro es que sin un diálogo franco entre Chile y Perú, sin un compromiso ministerial efectivo y sin políticas que reconozcan la dimensión humana del fenómeno migratorio, la frontera continuará siendo escenario de confrontaciones, sufrimientos y desafíos que superan a las autoridades locales y nacionales.