Gobierno y OHLA destraban construcción y reactivan cuatro hospitales en Biobío: un alivio con fecha extendida

Una espera que parecía eterna para miles de habitantes del Biobío encontró un respiro a mediados de noviembre. Después de ocho meses de paralización y apenas un avance del 5% en las obras, el Gobierno y la empresa concesionaria OHLA lograron un acuerdo para reactivar la construcción de los hospitales de Santa Bárbara, Nacimiento, Coronel y Lota. Este desenlace pone fin a un conflicto que amenazaba con extender la incertidumbre y retrasar la entrega de estos centros asistenciales hasta casi una década más allá de lo inicialmente planificado.

El origen del conflicto

La disputa comenzó a gestarse cuando la concesionaria española OHLA no pudo estructurar su financiamiento ni asegurar el respaldo bancario necesario para continuar las obras, lo que llevó a un estancamiento evidente. 'Estas obras no se han parado, se han seguido avanzando en los lugares donde hemos podido', aseguró Roberto Durán, presidente del Consejo Directivo de OHLA, intentando matizar la gravedad del conflicto.

Frente a esta situación, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) decidió judicializar el caso y solicitó a la Comisión Arbitral la declaración de incumplimiento grave por parte de la empresa, buscando resguardar el interés público y evitar perjuicios fiscales.

El acuerdo y sus condiciones

Tras meses de negociación, el MOP y el Ministerio de Salud lograron destrabar el conflicto mediante un acuerdo formalizado en la Comisión Arbitral. Este contempla mantener los diseños y prestaciones originales de los hospitales, pero extiende la fecha de entrega hasta 2030. El MOP destacó que, sin este acuerdo, la puesta en marcha de los recintos podría haberse retrasado cerca de una década, debido a los tiempos que implicaría terminar el contrato, licitar nuevamente y adjudicar un nuevo proceso.

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, calificó este avance como un paso fundamental para las comunidades afectadas y valoró el rol activo de los alcaldes, quienes mantuvieron comunicación constante con el Gobierno. Por su parte, la ministra de Salud, Ximena Aguilar, destacó que 'se acaba la incertidumbre sobre el destino de estos hospitales', subrayando el impacto positivo para los trabajadores y usuarios del sistema público.

Múltiples perspectivas en juego

Desde la mirada gubernamental, el acuerdo es un triunfo que evita una crisis sanitaria y social mayor en la región, además de preservar una inversión pública significativa. Sin embargo, sectores críticos ponen en cuestión la demora acumulada y la capacidad de supervisión del Estado en concesiones de esta envergadura.

Algunos expertos en gestión pública advierten que la extensión de los plazos podría afectar la confianza ciudadana en proyectos estatales, mientras que representantes de la sociedad civil enfatizan la necesidad de mecanismos más efectivos para evitar bloqueos prolongados que impactan directamente en el acceso a la salud.

Asimismo, voces de las comunidades locales expresan una mezcla de alivio y frustración: 'Es una buena noticia, pero no podemos olvidar que hemos esperado años para que esto avance', comenta un dirigente vecinal de Coronel.

Consecuencias y aprendizajes

Este episodio pone en evidencia las complejidades de las concesiones públicas privadas en Chile, especialmente en sectores sensibles como la salud. La experiencia recalca la importancia de una planificación financiera robusta y una supervisión estatal activa para evitar paralizaciones que afectan derechos fundamentales.

La red hospitalaria que se construye aportará 569 nuevas camas y servicios de baja, media y alta complejidad, elementos cruciales para una región que ha enfrentado históricamente desafíos en infraestructura sanitaria. Sin embargo, la postergación hasta 2030 implica que los beneficios esperados se verán diluidos en el tiempo, afectando la calidad de vida de miles de personas.

En definitiva, la reactivación de estas obras es un paso necesario, pero no exento de lecciones sobre la gestión pública, la negociación con privados y el compromiso con las comunidades. La pregunta que queda en el aire es si esta experiencia servirá para mejorar futuros procesos y evitar que la salud pública sea rehén de conflictos administrativos y financieros prolongados.