Corte de Apelaciones sobresee a notario Leiva: la justicia chilena en el ojo de la controversia
Un encuentro secreto, documentos reservados y un sumario cerrado sin sanciones. Así se resume la reciente resolución del pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, que el pasado 25 de febrero decidió sobreseer al notario Francisco Leiva Carvajal en la investigación administrativa que se le seguía por filtrar antecedentes reservados del proceso de remoción contra el exjuez Juan Poblete.
Este caso, que tomó estado público gracias a una investigación periodística de CIPER en junio de 2025, ha puesto en evidencia la tensión entre la transparencia judicial y las prácticas internas del Poder Judicial.
El trasfondo y los hechos
El origen de esta historia se remonta a mayo de 2022, cuando dos informes reservados elaborados por la Corte de Apelaciones de Copiapó fueron enviados por Leiva a Poblete. Estos documentos, que formaban parte del cuaderno de remoción abierto contra el exjuez, eran de carácter reservado para terceros ajenos al proceso.
Los chats entre Leiva y Poblete, recopilados por la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana de la PDI y fechados entre mayo y diciembre de 2022, evidencian una comunicación fluida y una reunión en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, donde también participó el ministro Antonio Ulloa, según la declaración policial de Leiva.
“Se recibieron informes del presidente de la corte de Copiapó y es buen lapidario, por lo mismo debe ver una estrategia para evitar deeechamente la remoción”, escribió Leiva en uno de los mensajes, reflejando la gravedad de la situación para Poblete.
Posturas encontradas en la Corte
La decisión de sobreseer a Leiva no fue unánime. Diez ministros votaron a favor del cierre del sumario, argumentando que no existían pruebas fehacientes más allá de un “trascendido” de prensa y que los documentos no tenían carácter reservado para la persona a quien iban dirigidos.
Por otro lado, cinco ministros, entre ellos Romy Grace Rutherford y Fernando Guzmán, se opusieron, solicitando la reapertura de la investigación para esclarecer detalles clave: el momento y la vía por la cual Poblete accedió a los documentos, y la responsabilidad del notario en su difusión.
Voces desde el Poder Judicial y la sociedad
Desde el Poder Judicial, la postura oficial ha sido cautelosa. La Fiscalía Judicial, a cargo de Jorge Norambuena, descartó sancionar a Leiva por falta de acceso a todas las evidencias, señalando que algunos antecedentes estaban reservados y no fueron incorporados al sumario.
En contraste, organizaciones civiles y expertos en transparencia han manifestado preocupación por la falta de rigor en la investigación y el posible daño a la confianza ciudadana en la justicia. Para ellos, el caso refleja prácticas opacas y la necesidad de fortalecer mecanismos de control interno.
Consecuencias y reflexiones finales
Este episodio deja en evidencia una fractura profunda en la percepción y manejo de la transparencia dentro del sistema judicial chileno. La filtración de documentos reservados, la participación de altos funcionarios en reuniones no oficiales y el cierre prematuro del sumario son elementos que alimentan la desconfianza pública.
Queda claro que, aunque la Corte haya decidido cerrar la indagatoria, persisten preguntas sin responder: ¿cómo circulan documentos sensibles dentro del Poder Judicial? ¿Qué límites éticos y legales deben regir la conducta de notarios y magistrados? ¿Qué impacto tiene esta falta de claridad en la legitimidad del sistema judicial?
La tragedia aquí no es solo la posible vulneración de normas, sino la erosión silenciosa de la confianza que la ciudadanía deposita en sus instituciones. Mientras los protagonistas se enfrentan en la arena judicial, la sociedad observa con creciente inquietud, esperando que la justicia no solo sea hecha, sino que también se perciba como tal.