
Un solo día, 16 causas, múltiples heridas abiertas. Así se presentó la audiencia realizada el 15 de abril de 2025 por la Segunda Sala de la Corte Suprema, que revisó los recursos de casación vinculados a hechos de secuestro y tortura ocurridos en el Cuartel Silva Palma de la Armada en Valparaíso, durante la dictadura militar. En esta instancia, transmitida en vivo por el Canal de Televisión del Poder Judicial, se congregaron las voces de los abogados defensores de los oficiales condenados y los representantes legales de las víctimas.
"La vista de las causas por violaciones a los derechos humanos entre los años 1973 y 1990 es una prioridad para el Poder Judicial y con el objetivo de brindar premura, agrupamos en una sola audiencia hechos similares y que involucran a los mismos condenados", afirmó el ministro presidente de la sala, Manuel Antonio Valderrama. Esta decisión, inusual por su formato concentrado, buscó acelerar el proceso judicial, pero también puso en escena la complejidad de enfrentar un pasado que aún duele.
Desde el lado de la defensa, se argumentó que la concentración de causas podría afectar el derecho a un juicio justo y detallado para cada expediente, señalando que la heterogeneidad de los hechos y las circunstancias particulares de cada acusado requieren una revisión individualizada. Por otro lado, los representantes de las víctimas insistieron en que esta estrategia judicial es necesaria para avanzar en la reparación y reconocimiento del daño infligido, y que el retraso prolongado en la justicia ha sido un agravio adicional.
La sociedad civil y académicos han seguido esta audiencia con atención, reconociendo que el proceso judicial es solo un eslabón en la cadena de la memoria y la justicia. Algunos sectores ven en esta revisión un avance significativo hacia la verdad y la reparación, mientras que otros alertan sobre la posibilidad de que la complejidad del procedimiento diluya la responsabilidad individual y colectiva.
Tras la audiencia, la Corte Suprema se encuentra en la fase de redacción de las sentencias, que serán notificadas próximamente, marcando un hito en la historia judicial chilena.
Lo que está en juego no es solo la resolución de casos específicos, sino la forma en que Chile enfrenta su pasado reciente. Este proceso judicial refleja la tensión entre la necesidad de justicia pronta y efectiva, y las dificultades inherentes a juzgar hechos ocurridos hace más de cuatro décadas. La concentración de causas en una sola audiencia es una respuesta pragmática, pero también un desafío para la profundidad y detalle que estos casos merecen.
En definitiva, esta revisión judicial es una ventana para observar cómo se negocian las verdades históricas, las responsabilidades y las esperanzas de reparación en un país que sigue buscando reconciliarse con su memoria. El desenlace de estas sentencias tendrá repercusiones no solo legales, sino también simbólicas, en la construcción de una narrativa nacional que incluya a las víctimas y reconozca las heridas del pasado.