
Un operativo policial en Puente Alto terminó con la captura de un contrabandista de cigarrillos que venía abasteciendo a múltiples comerciantes informales en la comuna. El 14 de abril de 2025, la Sección de Investigación Policial de la 20ª Comisaría detuvo a un hombre de 29 años, con antecedentes penales, vinculado además a una agresión reciente contra funcionarios municipales. La acción, resultado de una vigilancia discreta, permitió la incautación de 25 mil cajetillas valoradas en 130 millones de pesos y dos vehículos utilizados en la operación ilícita.
Este episodio, que a simple vista podría ser una noticia policial más, expone en realidad una trama compleja que involucra las tensiones económicas, sociales y políticas que atraviesan Puente Alto y el Gran Santiago.
Desde una perspectiva policial y gubernamental, la detención representa un éxito en la lucha contra el comercio ilegal, que afecta la recaudación fiscal y la salud pública. El comisario Matías Cabrera destacó la importancia de desarticular estas redes para proteger a los comerciantes formales y a la ciudadanía.
Sin embargo, desde el mundo de los vendedores informales y algunos sectores sociales, esta acción es vista con ambivalencia. Muchos comerciantes argumentan que el contrabando es una respuesta a la falta de oportunidades y a la exclusión económica que enfrentan. Una vendedora ambulante señaló que “sin estos productos, muchos no podrían sostener a sus familias”.
En el plano político, la noticia ha servido para reavivar el debate sobre las políticas públicas en materia de informalidad y seguridad. La derecha ha enfatizado la necesidad de endurecer las medidas contra el contrabando y la delincuencia, mientras que sectores de izquierda y organizaciones sociales llaman a abordar las causas estructurales que empujan a estas actividades.
Regionalmente, Puente Alto se muestra como un microcosmos de las desigualdades urbanas en Chile. La presión sobre las fuerzas del orden y la administración local ha aumentado, reflejando un escenario donde la seguridad y la justicia se entrecruzan con demandas sociales profundas.
La caída del contrabandista en Puente Alto no solo es un golpe a una red ilegal, sino una ventana a las complejidades del comercio informal y sus múltiples actores. La tensión entre legalidad y supervivencia económica, entre control estatal y necesidades sociales, sigue siendo un desafío sin soluciones simples.
Este caso confirma que las respuestas policiales, aunque necesarias, deben ir acompañadas de políticas integrales que consideren la realidad socioeconómica de las comunas populares. Solo así se podrá avanzar hacia una convivencia más justa y segura.
La tragedia de quienes sufren las consecuencias —ya sea por la pérdida de ingresos o por la inseguridad— invita a una reflexión profunda sobre el Chile que queremos construir, más allá del ciclo inmediato de noticias y titulares fugaces.