Reajuste salarial en el sector público: un aumento escalonado que tensionó la política y las expectativas laborales

En un escenario marcado por la complejidad económica y las demandas crecientes del sector público, el Congreso despachó en diciembre de 2024 la ley que reajusta los salarios de los funcionarios estatales con un aumento total nominal del 4,9%. Este incremento se aplicó en tres etapas: un 3% retroactivo desde diciembre de 2024, un 1,2% en enero de 2025 y un 0,64% en junio de 2025, beneficiando a cerca de 930 mil trabajadores y extendiendo beneficios a más de 1,8 millones de personas en el sector pasivo.

Este reajuste no solo implicó un aumento salarial, sino también la consolidación de beneficios sociales permanentes, como aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias, bonos de escolaridad y vacaciones reajustados según el IPC, y un incentivo al retiro con condiciones específicas para funcionarios entre 65 y 75 años, incluyendo un límite de edad de 75 años para el servicio público a partir de 2027.

La discusión legislativa fue intensa y reveladora del choque entre distintas visiones políticas y sociales. Uno de los puntos más controversiales fue la bonificación anual a Carabineros, equivalente a un sueldo, focalizada en el 40% del personal con funciones de riesgo. Esta medida fue rechazada inicialmente en el Senado por considerarse discriminatoria, al excluir a otros funcionarios policiales y a la Policía de Investigaciones (PDI). Sin embargo, el Gobierno se comprometió a presentar proyectos complementarios para modificar la carrera policial y establecer beneficios transitorios para la PDI, en un intento por equilibrar las demandas y evitar fracturas en las fuerzas de seguridad.

El ministro Mario Marcel expresó que "cuando se menciona un bono, todo lo demás parece desaparecer", reflejando la complejidad política de abordar beneficios específicos en un contexto de austeridad fiscal. Por su parte, diputados de oposición como Felipe Donoso y Carlos Bianchi defendieron la ampliación del bono a todos los Carabineros y PDI, destacando la necesidad de reconocer el sacrificio de estos funcionarios.

Desde el mundo sindical, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), liderada por David Acuña, mantuvo una postura firme en exigir un reajuste real de 3%, convocando incluso a un paro nacional en noviembre de 2024 para presionar al Gobierno y denunciar la "denostación" y las amenazas a la estabilidad laboral, en especial tras un polémico dictamen de Contraloría que afectaba a los trabajadores a contrata.

La negociación entre el Ejecutivo y la Mesa del Sector Público fue un tira y afloja constante, con avances en temas como trabajo decente, estabilidad laboral y el incentivo al retiro, pero con la tensión permanente de equilibrar las demandas salariales con las restricciones presupuestarias. El informe financiero de Dipres estimó que el costo total para el Fisco superaría los US$ 2.400 millones entre 2024 y 2025.

Desde una mirada regional, el reajuste se inscribe en un contexto donde el IPC y las políticas de ajuste salarial en el sector privado también han marcado la pauta. Encuestas como la de Mercer reflejaron que la mayoría de las empresas consideran el IPC como estándar para sus aumentos, con una mediana cercana al 5%, lo que genera un contraste con las demandas y resultados en el sector público.

Finalmente, cabe destacar que este reajuste y sus negociaciones expusieron las tensiones entre las expectativas ciudadanas, la realidad fiscal y las complejidades políticas. El aumento aprobado, aunque significativo, quedó por debajo de las demandas iniciales de los sindicatos y en un contexto de cautela económica. Además, la controversia sobre beneficios específicos, como el bono para Carabineros, evidenció las fracturas internas y la necesidad de un diálogo más profundo sobre la equidad y la valoración del trabajo público.

Este episodio deja varias lecciones: la política salarial en Chile no es solo un tema económico, sino un campo de batalla simbólico donde confluyen justicia social, prioridades fiscales y legitimidad institucional. La resolución alcanzada, con sus luces y sombras, será un referente para futuras negociaciones en un país que sigue buscando un equilibrio entre el desarrollo económico y la dignidad del trabajo público.