
Un pulso diplomático y económico ha ido tomando cuerpo desde abril de 2025, cuando el gobierno chileno comenzó a evidenciar un trato diferenciado por parte de Estados Unidos en materia arancelaria. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, fue el primero en denunciar públicamente que Washington no estaría respetando plenamente el Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente entre ambos países. Esta afirmación generó un escenario de incertidumbre que, meses después, revela múltiples capas de tensión y estrategias en juego.
El 13 de abril, Marcel explicó que mientras EE.UU. aplicó aranceles del 25% a ciertos productos mexicanos y canadienses no cubiertos por arancel cero, Chile no recibió la misma consideración. Esta diferencia en el trato ha sido interpretada desde Santiago como una vulneración a las reglas pactadas, lo que abrió la puerta a una negociación compleja y que trasciende lo comercial.
Desde la perspectiva chilena, el TLC no solo es un acuerdo económico, sino un pilar de estabilidad y previsibilidad para el comercio bilateral. En contraste, voces desde sectores empresariales estadounidenses, especialmente en industrias manufactureras, han expresado preocupación por la competencia y buscan ajustes en las condiciones de intercambio.
Un elemento que añade presión a las negociaciones es la importancia del cobre chileno para la industria estadounidense. La Casa Blanca ha mencionado la manufactura en sus comunicados oficiales al menos diez veces desde abril, reconociendo la dependencia de EE.UU. en el cobre chileno de calidad y trazabilidad.
Expertos en minería y comercio internacional coinciden en que esta dependencia otorga a Chile una posición estratégica, que puede ser tanto una ventaja como un riesgo si las tensiones escalan. Por un lado, el cobre es un recurso crítico para la cadena productiva estadounidense; por otro, cualquier distorsión en el comercio podría afectar la competitividad de ambas naciones.
Desde el gobierno chileno, la narrativa ha sido clara: buscar un diálogo basado en el respeto mutuo y la vigencia del TLC. “Lo primero que vamos a plantear es la validez y la relevancia de nuestro TLC”, afirmó Marcel en abril. Sin embargo, sectores políticos internos se dividen entre quienes abogan por mantener la alianza estratégica con Estados Unidos a toda costa y quienes impulsan una diversificación comercial más agresiva para reducir la dependencia.
En Estados Unidos, el debate también es intenso. Legisladores y grupos empresariales con intereses en proteger industrias nacionales presionan por medidas proteccionistas, mientras que otros actores económicos advierten sobre los riesgos de una guerra comercial prolongada.
A medio año de iniciadas las tensiones, los efectos en la economía chilena son más de expectativa que de impacto inmediato. El ministro Marcel ha señalado que, aunque las medidas arancelarias no han afectado el crecimiento proyectado para 2025, el efecto contractivo sobre la economía mundial y los socios comerciales podría manifestarse con mayor fuerza en el mediano plazo.
Los mercados financieros han reflejado esta incertidumbre con movimientos atípicos, como la caída del dólar pese a su tradicional rol de refugio en tiempos de crisis, lo que denota una volatilidad compleja y difícil de interpretar.
Lo que está en juego no es solo un ajuste arancelario, sino la capacidad de Chile para posicionarse en un mundo donde las reglas del comercio internacional se redefinen constantemente. La negociación con Estados Unidos representa un desafío que combina diplomacia, economía y geopolítica.
Es evidente que el diálogo bilateral debe ir acompañado de una estrategia integral que incluya diversificación comercial, fortalecimiento de alianzas con otros países y promoción de la inversión interna. La disonancia entre las expectativas y realidades comerciales obliga a los actores a repensar no solo sus tácticas, sino también su visión de largo plazo.
Finalmente, esta historia muestra cómo un recurso natural como el cobre puede ser a la vez un escudo y una vulnerabilidad, y cómo la política comercial es un terreno donde convergen intereses nacionales, corporativos y ciudadanos, en un juego que está lejos de resolverse.