Proyecto Punta Mar en Concón: un triunfo administrativo que reaviva el conflicto patrimonial y ambiental

El proyecto Punta Mar, antes conocido como el ex Hotel Punta Piqueros, ha vuelto a la palestra pública tras la reciente aprobación del anteproyecto por parte de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Concón, un respaldo administrativo que no cierra un capítulo sino que abre otro, mucho más complejo y emblemático.

El 12 de noviembre de 2025, la DOM de Concón aprobó favorablemente el anteproyecto presentado por Inmobiliaria Punta Piqueros, ligada a las familias Said, Urenda y Enzo Bolocco, que contempla un edificio multipropósito con oficinas, restaurantes, coworking y locales comerciales en el borde costero. Este paso administrativo se da en medio de un proceso de conciliación con opositores y tras años de disputas legales y ambientales que han marcado la historia del proyecto.

Un conflicto que se arrastra por 16 años

El proyecto original comenzó en 2011 con la construcción del Hotel Punta Piqueros, pero enfrentó paralizaciones, procesos judiciales y una orden de demolición en 2024 por incumplimiento del plan regulador y falta de permisos. La orden fue suspendida gracias a un principio de acuerdo entre el municipio y la Corporación Pro-Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, que alertó sobre los daños ambientales que una demolición podría causar.

Desde entonces, la inmobiliaria ha invertido cerca de US$75 millones, más del doble de lo inicialmente proyectado, para adaptar y reorientar el proyecto bajo el nombre Punta Mar, buscando un equilibrio entre desarrollo y mitigación ambiental.

Voces enfrentadas: desarrollo versus conservación

“Este proyecto representa una oportunidad para revitalizar un sector deteriorado, generando empleo y dinamizando la economía local”, sostiene Alberto Radrigán, director de Obras Municipales de Concón, quien destaca que el proyecto cumple con las normativas vigentes y presenta un impacto ambiental menor en comparación con la situación previa.

Sin embargo, organizaciones como Patrimonio Vivo Costa y la Corporación Pro-Defensa del Patrimonio Histórico advierten que “la construcción altera irreversiblemente la biota marina y la identidad cultural de la costa concina”, y cuestionan la legitimidad de los permisos otorgados, apelando a la Corte de Apelaciones de Valparaíso para mantener la suspensión del proyecto.

Un escenario político y judicial complejo

La disputa ha trascendido el ámbito local, con la Corte Suprema emitiendo fallos contradictorios sobre la validez del permiso de edificación y la necesidad de una nueva Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Esto ha generado incertidumbre jurídica y un clima de polarización entre actores políticos y sociales.

“La Ley Lorca exige un respaldo de dos tercios del concejo municipal para aprobar el permiso definitivo, lo que obliga a un diálogo profundo y a la construcción de consensos en un ambiente tenso”, explica un analista jurídico consultado.

Consecuencias y aprendizajes

Este caso se ha convertido en un espejo de las tensiones que atraviesan Chile en materia de desarrollo urbano, protección ambiental y participación ciudadana. Más allá de la resolución judicial que se adopte, es evidente que:

- La gestión urbana en zonas costeras requiere un enfoque integrado que contemple tanto la normativa como la conservación ecológica y cultural.

- El prolongado conflicto ha generado desgaste social y económico, evidenciando la necesidad de mecanismos más ágiles y transparentes para la resolución de disputas.

- La participación ciudadana y la vigilancia ambiental deben ser parte central en el diseño y aprobación de proyectos que impactan espacios comunes.

En definitiva, el caso Punta Mar no es solo un episodio aislado, sino un desafío vigente para la gobernanza local y nacional, que invita a reflexionar sobre cómo Chile equilibra sus necesidades de crecimiento con la protección de su patrimonio y medio ambiente.

Fuentes consultadas: La Tercera, documentos oficiales de la Municipalidad de Concón, informes de la Corporación Pro-Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, y análisis jurídicos de expertos en derecho urbanístico.