
Un episodio de violencia extrema sacudió la tranquila localidad de Chol Chol, en La Araucanía, el pasado 7 de abril de 2025. Alexis Alejandro Paillal Neiculeo fue formalizado y quedó en prisión preventiva tras ser acusado de intento de homicidio, incendios intencionales y conducción en estado de ebriedad. La secuencia de hechos no solo exhibe un drama personal, sino que pone en evidencia las tensiones sociales y la fragilidad institucional que persisten en la región.
La víctima, ex conviviente de la hermana del imputado, fue atacada con un arma blanca dentro de un vehículo, resultando herida en la mano luego de que la hoja del cuchillo se desprendiera. La violencia no terminó ahí: Paillal Neiculeo incendió la vivienda de su ex pareja, que había abandonado el hogar por temor, y destruyó maquinaria agrícola, lo que agrava el daño económico y social en un territorio ya tensionado.
Desde la perspectiva judicial, la medida de prisión preventiva fue justificada por el tribunal de Garantía de Nueva Imperial, que consideró que la libertad del imputado representaba un riesgo para la seguridad pública. Sin embargo, esta decisión también abre el debate sobre la capacidad del sistema para prevenir y abordar la violencia en contextos complejos.
En el plano político, sectores conservadores han enfatizado la necesidad de mano dura y mayor presencia policial para garantizar la seguridad, mientras que organizaciones de derechos humanos y comunidades mapuche advierten que este tipo de incidentes son síntomas de un conflicto más profundo, marcado por la exclusión social, la falta de diálogo y la histórica criminalización de los pueblos originarios.
“No se trata solo de castigar a un individuo, sino de entender las raíces sociales que alimentan la violencia en La Araucanía”, señala un académico especializado en conflictos sociales.
Por otro lado, la comunidad local vive una doble tragedia: la víctima y su familia enfrentan el trauma personal, mientras que los daños materiales afectan la economía de un sector donde la agricultura y la maquinaria son fundamentales para la subsistencia.
Este caso, aunque puntual, es un espejo de las dificultades para construir paz y justicia en una región históricamente marcada por la desigualdad y el conflicto. La judicialización y la respuesta policial son necesarias, pero insuficientes si no se acompañan de políticas integrales que atiendan las causas estructurales.
La investigación tendrá un plazo de cuatro meses para esclarecer completamente los hechos, mientras la región observa con tensión las implicancias de un episodio que no es aislado, sino parte de un ciclo de violencia que exige respuestas múltiples y coordinadas.
En definitiva, el drama de Chol Chol invita a un ejercicio de reflexión sobre cómo las instituciones, las comunidades y el Estado pueden dialogar para evitar que tragedias similares se repitan, y cómo la justicia puede ser un instrumento no solo de castigo, sino de reparación y prevención en un territorio donde la historia pesa y el presente reclama cambios urgentes.