Cinco imputados en prisión preventiva por tráfico de drogas en Molina: un golpe a la seguridad regional que revela grietas en la política local
Un operativo policial que sacudió Molina ha dejado a cinco personas en prisión preventiva por tráfico ilícito de drogas, una medida que, a siete meses de distancia, revela tanto la eficacia como las limitaciones de la respuesta estatal en la Región del Maule. El 9 de abril de 2025, la Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con el Ministerio Público, irrumpió en diversos domicilios de la villa Bicentenario, deteniendo a seis imputados y decomisando drogas y municiones. De ellos, cinco quedaron con prisión preventiva decretada por el Tribunal de Garantía local, bajo el argumento de que su libertad constituía un peligro para la seguridad pública.
Un choque de perspectivas: seguridad versus derechos
El fiscal subrogante Juan Campano defendió la medida señalando que “la libertad de los imputados era un riesgo grave para la sociedad”. Para las autoridades, este caso simboliza un avance en la lucha contra el narcotráfico en zonas vulnerables y un mensaje claro a las redes criminales que operan en la región.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y sectores sociales han cuestionado la eficacia y el impacto real de estas medidas, alertando sobre riesgos de criminalización excesiva y la falta de políticas integrales que aborden las causas estructurales del tráfico de drogas. María Soto, vocera de la ONG Maule Libre de Drogas, sostiene que “la prisión preventiva no debe ser la única respuesta; necesitamos prevención, educación y oportunidades para los jóvenes.”
La política local y la seguridad ciudadana en tensión
Este caso también reavivó el debate político en Molina y en el Maule. Mientras algunos concejales y autoridades regionales celebran el operativo como un logro policial, otros critican la falta de coordinación entre instituciones y la ausencia de un plan a largo plazo para reducir la violencia asociada al narcotráfico.
El concejal independiente Rodrigo Paredes declaró que “sin un enfoque integral, solo estamos parcheando un problema que se reproduce con cada detención.” Por otro lado, el delegado presidencial en la región ha prometido reforzar los equipos especializados y aumentar la presencia policial, generando críticas desde sectores que temen un endurecimiento excesivo y la militarización de la seguridad pública.
Consecuencias visibles y lecciones para el futuro
A más de medio año, la investigación sigue abierta con un plazo de tres meses que fue prorrogado, y la comunidad de Molina observa con preocupación la persistencia de la violencia y el tráfico en zonas periféricas.
Este episodio pone en evidencia la complejidad de combatir el narcotráfico en regiones donde la pobreza, la falta de oportunidades y la precariedad social alimentan la demanda y la oferta de drogas ilícitas. La prisión preventiva, si bien necesaria para contener a los imputados, no resuelve las raíces del problema.
La verdad que emerge es que el éxito policial debe ir acompañado de políticas públicas integrales y diálogo abierto con la ciudadanía para evitar que la seguridad se convierta en un campo de batalla sin ganadores claros, donde la sociedad civil sufre las consecuencias de una tragedia que no es solo de los imputados, sino de todos.
En definitiva, el caso Molina es un espejo de la tensión entre justicia, seguridad y derechos en Chile, un desafío que sigue abierto y que exige reflexión profunda y acción coordinada para no repetir la misma tragedia social.