La desarticulación del cultivo de marihuana en Canela: ¿un golpe efectivo o una señal de problemas estructurales?
Un cultivo ilegal que crece en las sombras
El 12 de abril de 2025, la Brigada de Investigación Criminal (Bridec) de la PDI logró la detención preventiva de dos hombres en Canela, vinculados directamente al tráfico de marihuana tras la incautación de 178 plantas vivas, una escopeta calibre 12, munición y un vehículo con encargo por robo. Este operativo no solo desmanteló un punto productivo de drogas, sino que también puso en evidencia la compleja relación entre comunidades rurales y el narcotráfico.
Vecinos que actúan como centinelas, pero también como víctimas
La investigación se fortaleció gracias a la denuncia de vecinos, quienes, a pesar de vivir en zonas apartadas y con escasa presencia policial, decidieron colaborar activamente. Sin embargo, esta colaboración no está exenta de tensiones. Para algunos residentes, la denuncia es un acto de valentía y compromiso con la legalidad; para otros, una fuente de miedo y represalias.
"La comunidad está cansada de la violencia y el miedo, pero también teme que la intervención policial sea solo un parche y no una solución real", comenta una vecina bajo condición de anonimato.
Divergencias en la interpretación política y social
Desde el sector conservador, se aplaude la acción policial como una muestra clara de que el Estado mantiene el control y la ley se impone incluso en territorios remotos. Por otro lado, voces desde movimientos sociales y expertos en seguridad pública advierten que estas intervenciones, aunque necesarias, no atacan las causas profundas que permiten la proliferación de cultivos ilícitos: pobreza rural, falta de oportunidades y ausencia del Estado.
El sociólogo Andrés Molina señala: "Mientras no exista un plan integral que incluya desarrollo rural, educación y alternativas económicas, estos cultivos seguirán emergiendo y siendo un problema recurrente".
El desafío de la justicia y la política local
Los dos detenidos, encargados del cuidado del cultivo, permanecen en prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso judicial. Sin embargo, la comunidad judicial y política de la región enfrenta críticas por la lentitud en la resolución de casos relacionados con narcotráfico y por la falta de políticas públicas que acompañen estas acciones represivas.
Conclusiones y consecuencias visibles
Este episodio en Canela es una muestra palpable de un fenómeno mayor: la lucha contra el narcotráfico en zonas rurales no se limita a operativos puntuales. La incautación y detención son pasos necesarios, pero insuficientes para erradicar un problema que se arraiga en las desigualdades y la ausencia estatal.
La pluralidad de voces apunta a que, sin una estrategia que combine seguridad, desarrollo social y participación comunitaria, estos episodios seguirán repitiéndose, perpetuando un ciclo de violencia y desconfianza.
En definitiva, la tragedia no es solo la existencia del cultivo ilegal, sino la persistencia de un sistema que permite que florezca en el abandono y la necesidad. El desafío es mayor y requiere que todos los actores —desde el Estado hasta las comunidades— asuman su rol en este complejo coliseo.
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Fuentes consultadas: La Tercera (2025-04-12), análisis de expertos en seguridad rural, testimonios de vecinos de Canela.