Protestas de hinchas de Colo Colo en abril: ¿Reacción legítima o descontrol social?
El 11 y 12 de abril de 2025, Santiago fue escenario de una protesta que empezó con velatones y terminó en un estallido de violencia en la Región Metropolitana. Hinchas de Colo Colo se movilizaron inicialmente en memoria de un niño de 12 años y una joven de 18 que murieron en los alrededores del Estadio Monumental antes de un partido por Copa Libertadores. La convocatoria, que comenzó con pancartas y consignas pacíficas, derivó en ataques a la 45° Comisaría, quema de un bus del sistema RED y barricadas incendiarias en múltiples comunas, incluyendo Quilicura, Cerro Navia y Peñalolén.
Desde el punto de vista de los manifestantes, “Esta protesta nace del dolor y la impotencia ante la muerte de dos jóvenes, víctimas de una violencia que no se detiene en los estadios ni en las calles”, señalaron representantes de agrupaciones de hinchas y familiares. Para ellos, la movilización fue una expresión legítima de reclamo social y una llamada urgente a mejorar las condiciones de seguridad en eventos masivos y barrios populares.
Sin embargo, la violencia desplegada abrió un debate intenso sobre los límites del derecho a la protesta. Autoridades y sectores políticos conservadores condenaron los actos, calificándolos de “delincuencia organizada que pone en riesgo a la ciudadanía y daña la infraestructura pública”. La policía respondió con carros lanzagases y agua para dispersar a los manifestantes, lo que a su vez fue cuestionado por organizaciones de derechos humanos, que denunciaron uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias.
En el plano político, la crisis expuso la fractura entre quienes exigen mayor control y orden público, y quienes piden abordar las causas estructurales de la violencia, como la desigualdad, la falta de oportunidades y la precariedad en sectores populares. Desde la oposición, algunos parlamentarios llamaron a un diálogo nacional para reformular las políticas de seguridad y prevención, mientras que desde el oficialismo se priorizó una agenda de endurecimiento penal.
En términos regionales, las protestas y los incidentes afectaron la movilidad y la vida cotidiana en varias comunas del Gran Santiago, evidenciando la tensión entre el derecho a manifestarse y el derecho a la seguridad y el orden público. Vecinos de Lo Prado, San Pablo y Lo Espejo reportaron interrupciones en la Ruta 5 y daños materiales, lo que generó reclamos por parte de la ciudadanía afectada.
A siete meses de estos hechos, la memoria de las víctimas permanece viva, pero también las heridas abiertas en la sociedad chilena. El episodio se ha convertido en un símbolo de la complejidad que enfrenta el país: cómo canalizar el dolor y la protesta legítima sin caer en la violencia que termina por erosionar el tejido social.
Esta historia no ofrece respuestas fáciles. Más bien, plantea un desafío: reconocer la multiplicidad de voces y dolores, y buscar soluciones que no se limiten a la represión ni a la negación del conflicto social. La tensión entre orden y justicia, entre seguridad y derechos, sigue siendo un coliseo donde todos los actores luchan por imponer su verdad.
En definitiva, este episodio confirma que el estallido de violencia no es un fenómeno aislado ni espontáneo, sino el resultado de una acumulación de frustraciones y desigualdades. La pregunta que queda es si Chile podrá transformar este dolor en un cambio profundo, o si seguirá atrapado en ciclos que sólo reproducen la tragedia.