Emergencia laboral en Chile: ¿crisis estructural o fracaso de gestión?: La persistencia de un problema que divide a expertos y políticos

Una emergencia que no se declara pero que golpea con fuerza. Desde agosto de 2024, Chile registra una tasa de desempleo que bordea el 8,6%, la más alta en más de una década, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Sin embargo, la cifra oficial apenas rasca la superficie de un mercado laboral en crisis, donde la informalidad ha crecido desde un 32% a un 38% y el empleo formal ha destruido más de 150 mil puestos desde marzo de 2022, según registros administrativos de la Superintendencia de Pensiones y la AFC. Esto implica que más de 876 mil personas están desempleadas, pero si se considera la tasa de participación laboral subestimada, la cifra podría superar 1,1 millón.

El coliseo del debate público se ha dividido entre quienes plantean que Chile vive una emergencia laboral que requiere medidas urgentes, y quienes sostienen que el mercado del trabajo está en proceso de un cambio estructural profundo, motivado por factores tecnológicos, económicos y regulatorios. Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, advierte que podría tratarse de un nuevo equilibrio del mercado, impulsado por la irrupción de la inteligencia artificial y el encarecimiento relativo de la mano de obra de baja calificación. Según esta visión, decretar una emergencia sin entender los cambios subyacentes podría conducir a políticas ineficaces o populistas.

Por otro lado, voceros críticos y analistas laborales resaltan que la persistencia de tasas de desempleo superiores al 8%, junto al aumento de la informalidad y la destrucción de empleo formal, configuran una crisis social y económica que no admite indiferencia. Se señala que el gobierno ha minimizado el problema, negando la gravedad y retrasando la implementación de planes concretos para reactivar el empleo.

El impacto social es visible y desigual. Las mujeres son las más afectadas, con una tasa de desempleo que supera el 9,9%, y la informalidad golpea con mayor fuerza a los sectores vulnerables. Más de 212 mil mujeres y 101 mil hombres estarían desempleados más allá de lo que reflejan las cifras oficiales. La precariedad laboral se traduce en pérdida de dignidad, aumento de la pobreza y riesgos para la cohesión social.

Las causas son múltiples y complejas. La falta de crecimiento económico sostenido, la incertidumbre política y regulatoria, y el aumento de los costos laborales impulsados por reformas recientes (como la reducción a 40 horas semanales y el alza del salario mínimo a $529 mil) han sido señalados como factores que desincentivan la contratación formal. El Banco Central y expertos en economía han advertido sobre el impacto negativo de estas políticas en la creación de empleo.

Asimismo, la insuficiente inversión y la ausencia de un plan integral para la capacitación y reciclaje profesional (upskilling y reskilling) limitan la adaptación de la fuerza laboral a las nuevas demandas tecnológicas y productivas.

Las voces políticas reflejan la tensión. Mientras la administración actual ha bajado el perfil del problema, las candidaturas presidenciales de oposición han puesto la recuperación del empleo como eje central de sus propuestas, reconociendo la urgencia de revertir el estancamiento.

Sin embargo, la ausencia de un consenso claro sobre la naturaleza del problema —emergencia coyuntural o cambio estructural— dificulta la formulación de políticas efectivas y coordinadas.

Conclusiones que emergen tras meses de análisis y debate:

- La crisis laboral en Chile es real, profunda y persistente, con consecuencias directas en la calidad de vida de millones.

- Las cifras oficiales subestiman la magnitud del problema, al no considerar la caída en la participación laboral y el aumento de la informalidad.

- El debate entre emergencia y cambio estructural no es excluyente: es posible que coexistentes fenómenos coyunturales y estructurales requieran respuestas diferenciadas.

- La política pública debe combinar medidas urgentes para contener la crisis con reformas estructurales para modernizar la institucionalidad laboral, fortalecer la capacitación y fomentar la inversión productiva.

- Ignorar o minimizar la emergencia solo prolongará el sufrimiento social y erosionará la confianza ciudadana.

En este escenario, el país se enfrenta a un desafío mayúsculo: cómo transformar un mercado laboral frágil y fragmentado en una plataforma inclusiva y dinámica que responda a los desafíos del siglo XXI. El tiempo para actuar con decisión y claridad se agota, y la historia juzgará a quienes hayan estado a la altura de esta encrucijada.