
El incendio que arrasó el complejo residencial Wang Fuk Court en Hong Kong ha dejado una marca indeleble en la historia reciente de esta ciudad densamente poblada. A cinco días del siniestro, las autoridades confirmaron un total de 146 muertos y 79 heridos, mientras que los equipos de rescate continúan trabajando en la identificación de cuerpos y la búsqueda de posibles supervivientes. La cifra, que podría aumentar, refleja la magnitud de una tragedia que ha expuesto fallas estructurales, errores humanos y tensiones sociales profundas.
El incendio comenzó el miércoles 26 de noviembre a las 14:51 horas locales en la planta baja del bloque Wang Cheong House y se propagó con una velocidad inusitada, consumiendo siete de los ocho bloques del complejo en menos de cuatro horas. Las sirenas de alarma no sonaron en ningún edificio, un fallo crítico confirmado por el director del servicio de bomberos Andy Yeung Yan-kin. Este detalle ha sido una de las piedras angulares de la indignación ciudadana y el reclamo por responsabilidades.
La investigación preliminar ha señalado que, aunque la malla para revestir los edificios no era inflamable, la presencia de planchas de poliestireno altamente combustibles adheridas a las ventanas aceleró el avance del fuego. Además, el uso de andamios de bambú, un material tradicional pero inflamable, contribuyó a la propagación vertical de las llamas. Este último punto ha generado un debate entre sindicatos y autoridades, pues la sustitución de estos andamios metálicos ha sido resistida por algunos sectores.
“No sé qué hubiera sido de nosotras si las sirenas hubieran funcionado”, dice una de las hermanas Chan, sobrevivientes que aún duermen en refugios temporales. Su voz representa el sentir de muchos residentes, que además de la pérdida, enfrentan la incertidumbre sobre el futuro habitacional y la seguridad.
La empresa encargada de las obras, Prestige Construction & Engineering, que tiene antecedentes de infracciones de seguridad, enfrenta acusaciones de negligencia grave tras la detención de dos de sus directores y un consultor. También fueron arrestados dos directores de la consultora Will Power Architects, involucrada en el proyecto. Las autoridades han abierto múltiples investigaciones, pero la percepción pública es que la tragedia pudo evitarse.
Mientras el gobierno local ofrece compensaciones millonarias a las víctimas y sus familias, la comunidad se encuentra dividida. Por un lado, hay quienes apoyan las medidas estatales y reconocen la complejidad del siniestro; por otro, los residentes exigen cambios estructurales profundos y mayor transparencia.
La oposición política y organizaciones civiles han criticado la gestión gubernamental, señalando que la tragedia refleja un problema sistémico en la regulación y fiscalización de la vivienda social en Hong Kong, donde más de un tercio de los habitantes de Wang Fuk Court son adultos mayores, un grupo especialmente vulnerable.
La tragedia de Wang Fuk Court no solo deja una cifra dolorosa de muertos y heridos, sino que visibiliza la tensión entre tradición y modernidad, seguridad y economía, comunidad y poder. La ciudad, que alberga a miles en espacios reducidos, enfrenta ahora el desafío de reconstruir no solo edificios, sino confianza y protocolos.
En definitiva, esta catástrofe obliga a Hong Kong a replantear su modelo de desarrollo urbano y a fortalecer mecanismos que eviten que la historia se repita. La tragedia es un espejo que muestra las grietas de una sociedad que debe decidir si prioriza la seguridad y la vida por sobre intereses económicos y resistencias al cambio.
Fuentes consultadas incluyen el South China Morning Post, EL PAÍS y La Tercera.