Caso Bruma: El naufragio que desnuda las fallas de la pesca artesanal y la industria pesquera en Chile
La tragedia de la lancha Bruma, ocurrida la madrugada del 30 de marzo de 2025 frente a las costas de Coronel, se ha convertido en un símbolo doloroso de las tensiones y contradicciones que atraviesan la pesca artesanal y la industria pesquera en Chile. A más de siete meses del accidente, en el que siete pescadores artesanales desaparecieron tras una colisión con el buque industrial Cobra, la historia ha ido revelando capas de negligencias, omisiones y disputas que siguen sin resolverse plenamente.
El 30 de marzo, la lancha Bruma, de matrícula Constitución, desapareció tras ser impactada por el pesquero Cobra, perteneciente a la empresa Blumar, en la zona de Isla Santa María. Desde entonces, la búsqueda oficial duró 17 días, culminando con un acto simbólico en alta mar en abril, donde familiares y pescadores artesanales despidieron a las víctimas.
Un naufragio y un operativo marcado por la demora
Las familias y la comunidad artesanal denunciaron desde el principio la falta de reacción oportuna de las autoridades. "¿Por qué no despegó un helicóptero o salió alguna nave de socorro?", cuestionó Catalina Medel, hija de dos de los pescadores desaparecidos, ante la Comisión Investigadora del Congreso. Según la querella presentada por los familiares, la Armada demoró más de dos horas en activar el operativo de rescate, pese a haber perdido la señal de la lancha y haber intentado comunicarse sin éxito con sus tripulantes.
Además, se reveló que el Cobra perdió un dispositivo sonar (DOMO) durante la colisión, lo que motivó su regreso a puerto para descargar 80 toneladas de jurel, un hecho que para las familias evidencia el grado de negligencia y la prioridad económica sobre la vida humana.
El pacto de silencio y la presión sobre la tripulación industrial
El abogado de las familias, Rafael Poblete, ha sido una voz constante en la denuncia de un "pacto de silencio" entre los tripulantes del Cobra, supuestamente orquestado por la empresa Blumar para proteger a sus trabajadores y evitar responsabilidades legales. Este pacto habría incluido reuniones con abogados y psicólogos para coordinar versiones, lo que generó temor y presión entre los involucrados.
La situación se agravó con la muerte del vigía del Cobra, Juan Roberto Sanhueza, quien desapareció el día que debía declarar ante la PDI y fue encontrado muerto días después en circunstancias que aumentaron la sospecha y la desconfianza.
"El pacto de silencio era porque todos los tripulantes del Cobra tenían miedo de perder su trabajo", afirmó Poblete, señalando además que la empresa ha cambiado versiones sobre lo ocurrido, desde negar la colisión hasta admitirla con excusas cuestionadas.
Perspectivas contrapuestas: industria y pesca artesanal
Desde la empresa Blumar y la defensa de la tripulación del Cobra, se ha sostenido que no hubo dolo y que la lancha Bruma no cumplió con ciertas normativas de navegación, argumentando que la embarcación artesanal era indetectable en los radares y que no reportó su posición. "Si se llegara a confirmar una colisión, eso no significa establecer responsabilidad en este accidente por parte de la tripulación del Cobra", declaró el abogado Alejandro Espinoza.
En contraste, las organizaciones gremiales de pescadores artesanales, representadas por Claudia Urrutia, han denunciado una sistemática desprotección y vulneración de derechos, además de irregularidades en la fiscalización y la falta de actualización normativa. Urrutia afirmó que los barcos industriales incluso apagan intencionalmente sus sistemas de identificación para evitar controles, lo que pone en riesgo a la pesca artesanal.
"¿Hasta cuándo los artesanales tendrán que hacer el trabajo de quienes juraron resguardar la vida humana en el mar?", cuestionó enérgicamente.
El Estado y la justicia en la mira
El Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad Pública y la Fiscalía, ha recalificado la querella inicialmente presentada, elevándola a homicidio con dolo eventual, en función de nuevos antecedentes, incluyendo imágenes y comunicaciones radiales reveladas meses después del naufragio.
La querella del Estado busca que se establezcan responsabilidades penales claras y se sancione la omisión de auxilio, un delito grave en la legislación marítima chilena.
Sin embargo, la lentitud de la investigación y la falta de formalizaciones han sido objeto de críticas por parte de las familias y la opinión pública. La presidenta de la Federación Nacional Bacaladera de Chile señaló que el Ministerio Público está "al debe nuevamente" por no tomar medidas cautelares efectivas para prevenir nuevas acciones temerarias de barcos industriales.
Conclusiones y enseñanzas
Esta tragedia no solo es la pérdida irreparable de siete vidas humanas, sino que también expone las profundas fracturas en el sector pesquero chileno, donde la pesca artesanal convive en un entorno de vulnerabilidad frente a la industria, con una autoridad marítima cuestionada por su capacidad y voluntad de fiscalización.
Las investigaciones han demostrado que hubo una colisión entre el Cobra y la Bruma, que la respuesta ante la emergencia fue tardía y deficiente, y que existen indicios de ocultamientos y presiones en la tripulación industrial.
La exigencia de justicia por parte de las familias y gremios artesanales es legítima y urgente, pues el caso Bruma desnuda una realidad donde la vida humana puede quedar subordinada a intereses económicos y negligencias institucionales.
"Queremos ser las últimas familias que crucen este infierno", expresó Catalina Medel, resumido el clamor por un cambio estructural que garantice la seguridad y dignidad de quienes trabajan en el mar.
La historia del Bruma no concluye con la pérdida de sus tripulantes, sino que abre una discusión necesaria sobre la protección de la pesca artesanal, la regulación de la industria y la responsabilidad estatal en la salvaguarda de la vida humana en las aguas chilenas.