
El viernes 11 de abril de 2025, el Metro de Santiago suspendió el servicio en un tramo de la Línea 5, afectando ocho estaciones entre Vicente Valdés y Rodrigo de Araya. La causa: una 'persona en la vía', un eufemismo que encierra una realidad más compleja y dolorosa que ha vuelto a tensionar la seguridad y la gestión en el principal sistema de transporte público de la capital.
La emergencia obligó a interrumpir la circulación desde las 16:35 horas, dejando sin operación la combinación en Vicente Valdés con la Línea 4 y limitando el tránsito solo entre Ñuble y Plaza de Maipú. Para paliar el impacto, el sistema Red desplegó buses de apoyo en bucle entre Ñuble y Vicente Valdés, y reforzó recorridos en la ruta paralela. Sin embargo, el trastorno para miles de usuarios fue inmediato y palpable.
Desde la perspectiva de las autoridades del Metro, la prioridad fue resguardar la seguridad de los pasajeros y trabajadores. “La suspensión fue necesaria para evitar riesgos mayores y para dar espacio a los protocolos de emergencia”, señalaron en un comunicado oficial. Sin embargo, esta explicación no apaciguó las críticas.
En el espectro político, la controversia se profundizó. Desde la oposición, se cuestionó la falta de prevención y la ausencia de políticas públicas integrales para abordar la creciente vulnerabilidad en el transporte público. “Este incidente vuelve a evidenciar la precariedad en la gestión de seguridad y la necesidad urgente de políticas de prevención social”, afirmó una diputada representante de una zona afectada.
Por otro lado, sectores más conservadores insistieron en endurecer las medidas de control y vigilancia, proponiendo mayor presencia policial y tecnología de monitoreo, en un debate que confronta derechos ciudadanos y seguridad pública.
Los barrios que circundan las estaciones cerradas —La Florida, Ñuñoa y Macul— sintieron el impacto en sus desplazamientos cotidianos. Comerciantes y usuarios expresaron frustración y preocupación, no solo por la interrupción momentánea, sino por la repetición de eventos similares en los últimos años.
“Esto no es solo un problema técnico, sino social. La gente que está en situación de calle, con problemas de salud mental, termina afectando a todos”, comentó un dirigente vecinal, reflejando la complejidad humana detrás de la emergencia.
Este episodio no es aislado. En el último lustro, el Metro de Santiago ha enfrentado una serie de desafíos vinculados a seguridad, infraestructura y tensiones sociales. La emergencia del 11 de abril dejó en evidencia la fragilidad del sistema ante situaciones humanas y sociales complejas, que no pueden resolverse solo con protocolos técnicos o refuerzos logísticos.
Las verdades que emergen de esta historia son claras: la seguridad en el transporte público es un problema multifacético que requiere diálogo entre autoridades, expertos en salud mental, organizaciones sociales y usuarios. La gestión debe trascender la contingencia para abordar las causas estructurales.
En definitiva, el cierre de ocho estaciones de la Línea 5 fue solo la punta del iceberg de un desafío que el país enfrenta con urgencia y que, si no se aborda con profundidad y pluralidad de perspectivas, seguirá repitiendo su tragedia cotidiana.