
Chile enfrenta una encrucijada en su sistema de evaluación ambiental. Un nuevo Índice de Efectividad en la Evaluación Ambiental (IEFEA), desarrollado por el think tank Pivotes, revela que la probabilidad de que un proyecto obtenga la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) en tiempos óptimos cayó desde un 76% en 2006 a apenas un 29% en 2025. Esta reducción del 62% en la eficiencia ha generado un debate intenso sobre el equilibrio entre acelerar la tramitación de proyectos y mantener los estándares de protección ambiental y social.
Ignacio Toro, exdirector del SEA y colaborador en la creación del IEFEA, explica que la caída no se debe a una sola causa, sino a múltiples factores. Entre ellos, destaca la acumulación de proyectos tras la pandemia, que congestiona el sistema, y la complejidad creciente de las evaluaciones. "El sistema se ha hipertrofiado, con más normativa interna, guías y recursos judiciales que alargan los plazos", señala.
Por su parte, Valentina Durán, directora ejecutiva del SEA, reconoce que la mayor complejidad normativa y la triple crisis ambiental influyen en los tiempos, pero destaca que el organismo cumple con los plazos legales y que los proyectos mejor preparados avanzan más rápido. Además, el SEA ha implementado modernizaciones tecnológicas y reducción de plazos en instancias decisorias.
Desde el mundo académico, Álex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad de la UDD, valora el SEIA como un mecanismo preventivo que otorga certeza jurídica y ordena las obligaciones ambientales, resaltando la ventaja de evaluaciones tempranas para evitar conflictos posteriores.
En contraste, Ezio Costa, director ejecutivo de FIMA, advierte que confundir rapidez con efectividad puede ser peligroso. "El sistema debe proteger la salud, el patrimonio ambiental y el derecho a un ambiente sano, no sólo acelerar inversiones", enfatiza. Para él, acelerar sin resolver problemas de fondo —como permitir proyectos en lugares incompatibles o sin estándares adecuados— es una mala idea.
La caída en la efectividad del sistema tiene consecuencias palpables. Proyectos estratégicos, especialmente en energías renovables y minería, enfrentan demoras que encarecen costos y generan incertidumbre. Esto tensiona la relación entre el Estado, inversionistas y comunidades, que demandan mayor participación y garantías ambientales.
Además, la percepción pública se polariza: mientras algunos sectores presionan por agilizar trámites para impulsar la economía, otros exigen mayor rigurosidad para evitar daños irreversibles.
El IEFEA funciona como un termómetro que alerta sobre la necesidad de reformular el sistema de evaluación ambiental. La evidencia muestra que un sistema cada vez más lento no necesariamente es ineficiente en términos de aprobación —el porcentaje de proyectos que finalmente obtienen RCA favorable se mantiene alto—, pero sí en la rapidez con que se toman las decisiones.
El desafío radica en encontrar un equilibrio que permita acelerar proyectos sin sacrificar la calidad del análisis y la protección ambiental. Para ello, expertos coinciden en la importancia de:
- Mejorar la preparación y calidad de los proyectos antes de su ingreso.
- Fortalecer el diálogo temprano con comunidades y actores locales.
- Modernizar procesos y tecnologías del SEA.
- Evitar la hipertrofia normativa y judicial que alarga los plazos.
En definitiva, la evaluación ambiental chilena se encuentra en un punto crítico donde la presión por la transición energética y el desarrollo económico debe conjugarse con el respeto al medio ambiente y la justicia social. La forma en que se resuelva esta tensión marcará el rumbo del país en las próximas décadas.
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Fuentes: Diario Financiero, Pivotes, SEA, Universidad del Desarrollo, FIMA.
2025-04-10