
Un salto brusco en la inflación argentina sacudió el escenario económico regional en marzo de 2025. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un alza mensual del 3,7%, la mayor desde agosto del año anterior, superando las expectativas del mercado que pronosticaban un aumento cercano al 2,9%.
Este fenómeno no es un simple dato estadístico, sino un reflejo de tensiones profundas en la economía argentina que reverberan más allá de sus fronteras. La división de educación, con un aumento del 21,6% en sus precios, fue la principal responsable de esta escalada, un fenómeno que se siente también en Chile, donde el inicio del año escolar genera presiones similares en el IPC local. En segundo lugar, la subida del 5,9% en alimentos y bebidas no alcohólicas —con incrementos en verduras, tubérculos, legumbres y carnes— pone en evidencia la vulnerabilidad de los sectores más sensibles a la inflación.
Desde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) explicaron que “el alza responde en gran medida al inicio del ciclo escolar y a factores estacionales en alimentos básicos”. Sin embargo, este análisis se enfrenta a interpretaciones divergentes.
En el espectro político argentino, la oposición acusa al gobierno de manejar de forma errática la política económica, señalando que “la falta de control en el gasto público y la dependencia de financiamiento externo han alimentado la inflación”. Por su parte, desde el oficialismo se defiende la necesidad de ajustes graduales para no afectar el poder adquisitivo de las familias, en un contexto de recuperación post pandemia y desafíos sociales.
Desde Chile, economistas y analistas observan con atención este fenómeno. El economista chileno Andrés Valenzuela comenta: “La inflación argentina es un termómetro regional, y su aceleración impacta en las expectativas y en los precios de bienes transables, especialmente alimentos, que son compartidos en la canasta básica.” Esta interdependencia pone en evidencia cómo las economías sudamericanas están entrelazadas, y cómo los desequilibrios en un país pueden traducirse en presiones inflacionarias en otro.
Además, el incremento inflacionario argentino ocurre en un momento de alta incertidumbre política y económica, justo antes de la evaluación del directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre un nuevo programa de financiamiento por 20.000 millones de dólares. La sangría de reservas del Banco Central argentino y la expectativa por modificaciones en el régimen cambiario generan un clima de tensión y expectativa.
Las voces ciudadanas reflejan esta compleja realidad. En Buenos Aires, comerciantes y consumidores reportan un desgaste palpable: “Los precios suben más rápido que los salarios, y eso hace difícil planificar el mes”, dice María, dueña de un almacén. En Chile, familias también sienten la presión, con un aumento en la factura del supermercado que no siempre se corresponde con el ingreso familiar.
Este episodio pone sobre la mesa una verdad difícil: la inflación no es solo un número, sino una experiencia que afecta la vida cotidiana y la estabilidad social. La aceleración en Argentina y su impacto regional evidencian la necesidad de políticas coordinadas y sostenibles, que consideren tanto la coyuntura como las estructuras económicas profundas.
En conclusión, la inflación argentina de marzo de 2025 revela un desafío mayor que trasciende lo local y obliga a mirar la economía sudamericana como un sistema interconectado. La tensión entre ajustes económicos, demandas sociales y expectativas financieras configura un escenario complejo, donde las decisiones de hoy definirán la estabilidad de mañana. La historia está en marcha, y sus protagonistas enfrentan un desafío que no admite soluciones simples ni inmediatas.