La ofensiva de Trump contra estudios de abogados: un desafío al Estado de Derecho
Un ataque sin precedentes a la independencia legal
En las semanas previas a abril de 2025, el expresidente Donald Trump emitió una serie de órdenes ejecutivas que sancionaron a varios estudios de abogados en Estados Unidos. Estas medidas incluyeron la suspensión de accesos a información gubernamental, la prohibición de ingreso de sus abogados a edificios federales y la instrucción a contratistas para terminar contratos con dichas firmas. El motivo oficial fue la participación de estos abogados en investigaciones previas contra Trump o la defensa de casos considerados políticamente sensibles.
"Lo del Presidente Trump es un asalto de estilo monárquico contra el principio fundamental del derecho a la defensa", señala un análisis jurídico publicado en La Tercera, comparando la ofensiva con episodios históricos de concentración autoritaria.
Perspectivas encontradas: entre la defensa del sistema y la politización
Desde el mundo jurídico, la reacción ha sido diversa. Algunos estudios afectados han recurrido a tribunales para impugnar las órdenes, argumentando que se trata de represalias ilegales que vulneran la independencia profesional. Otros, temerosos por la pérdida de clientes y contratos, han optado por capitular y aceptar acuerdos con el gobierno, que incluyen desmantelar programas de diversidad y ofrecer horas pro bono para causas alineadas con el oficialismo.
"La rendición de algunos estudios es más preocupante que el ataque mismo", advierte un académico de derecho constitucional, enfatizando que la autonomía de la profesión legal es esencial para el equilibrio democrático.
En el ámbito político, la ofensiva ha sido celebrada por sectores afines a Trump como una defensa contra lo que llaman una "maquinaria judicial partidista". En contraste, opositores denuncian un intento de socavar el Estado de Derecho y la garantía de defensa para todos, incluso para causas impopulares.
Impacto regional y global: un precedente inquietante
La arremetida no solo ha generado preocupación en Estados Unidos, sino que ha sido seguida con atención en América Latina y otras regiones donde la independencia judicial enfrenta tensiones similares. Expertos advierten que la politización de la justicia y la presión sobre abogados podrían debilitar la confianza ciudadana en las instituciones y abrir la puerta a prácticas autoritarias.
En Chile, donde la defensa legal ha sido clave en conflictos sociales y procesos constitucionales, el caso estadounidense se observa como una advertencia sobre los riesgos de mezclar política y justicia.
Conclusiones: entre la defensa legal y la erosión institucional
Este episodio pone en evidencia la fragilidad de los principios que sostienen la profesión jurídica y el sistema judicial cuando se enfrentan a presiones políticas directas. La independencia de los abogados no es solo un derecho profesional, sino un pilar para garantizar que toda persona, sin importar la impopularidad de su causa, pueda acceder a una defensa justa.
La ofensiva de Trump ha revelado un choque frontal entre un poder político que busca controlar la narrativa judicial y una profesión que debe sostener la imparcialidad y el acceso a la justicia. La rendición de algunos estudios y la división de opiniones reflejan una sociedad polarizada y un sistema democrático en tensión.
El desenlace de esta historia sigue abierto, pero una verdad queda clara: socavar la autonomía legal es abrir la puerta a la erosión del Estado de Derecho, con consecuencias que exceden a Estados Unidos y que deben ser observadas con atención en todo el mundo.