Ataque a la Guardia Nacional en Washington: un reflejo complejo entre seguridad, inmigración y política

Un disparo que resonó más allá de la capital estadounidense. El 27 de noviembre de 2025, Rahmanullah Lakanwal, un afgano de 29 años con historial de colaboración con la CIA, atacó a dos miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C., dejando a Sarah Beckstrom fallecida y a Andrew Wolfe en estado crítico. Este hecho, ocurrido en las inmediaciones de la estación de metro Farragut West, no solo conmocionó a la opinión pública estadounidense, sino que reavivó discusiones profundas sobre la política migratoria, la seguridad nacional y el rol de las fuerzas armadas en la vida civil.

El hombre detrás del ataque

Lakanwal llegó a EE.UU. en 2021 bajo el programa Operation Allies Welcome, destinado a evacuar y reasentar a afganos que colaboraron con el gobierno estadounidense durante la guerra contra los talibanes. Su pasado en una unidad paramilitar asociada a la CIA en Kandahar, conocida como Zero Unit, ha sido foco de controversia debido a denuncias de abusos y ejecuciones extrajudiciales en Afganistán.

Testimonios y documentos revelan un deterioro progresivo en su salud mental y su integración social: aislamiento, pérdida de empleo, episodios erráticos y rechazo a recibir ayuda. Según un miembro de la comunidad afgana en Washington, “se alternaba entre semanas encerrado en la oscuridad y viajes repentinos sin aviso”. Su desplazamiento en auto desde Bellingham (Washington) hasta la capital, un trayecto de más de 4.000 km, evidencia una planificación premeditada.

Voces enfrentadas: seguridad vs derechos humanos

La reacción política no se hizo esperar. El expresidente Donald Trump responsabilizó a la administración Biden por permitir la entrada de Lakanwal, calificando el programa de refugiados como un “coladero” para potenciales amenazas. Ordenó reforzar el despliegue de la Guardia Nacional en Washington con 500 efectivos adicionales y endurecer las políticas migratorias, incluyendo la revisión masiva de permisos de residencia.

Muriel Bowser, alcaldesa demócrata de Washington, expresó su rechazo al aumento de tropas: “Estos jóvenes deberían estar en casa, con sus familias en Virginia Occidental”. Por su parte, organizaciones defensoras de refugiados alertan sobre el riesgo de estigmatización y persecución de comunidades vulnerables, recordando que “el comportamiento de un individuo no puede usarse para demonizar a todo un colectivo”.

La Guardia Nacional en la mira

El despliegue de la Guardia Nacional en ciudades gobernadas por demócratas ha sido un punto de tensión. Oficialmente, su presencia busca disuadir la delincuencia y mantener el orden, pero su participación en redadas contra inmigrantes y el carácter militarizado del cuerpo generan críticas sobre la militarización de la vida civil.

Un memorando interno del ejército advierte que esta situación puede ser aprovechada por actores violentos para promover sus agendas, exponiendo a los propios efectivos a riesgos adicionales.

Consecuencias judiciales y sociales

Lakanwal enfrenta cargos que podrían incluir terrorismo y agresión con intención de matar, con la fiscalía considerando la pena de muerte si las víctimas fallecen. Mientras tanto, la investigación sigue abierta, incluyendo la revisión de dispositivos electrónicos y entrevistas con testigos y familiares.

Este episodio pone en evidencia las limitaciones y desafíos de un sistema migratorio que debe equilibrar la seguridad nacional con la protección de derechos humanos, en un contexto político polarizado y con narrativas que a menudo se simplifican para el consumo inmediato.

Constataciones finales

- La tragedia es un recordatorio de que la integración de refugiados con antecedentes complejos requiere un acompañamiento multidisciplinario y sostenido, que no siempre se garantiza.

- Las respuestas políticas inmediatas, como el aumento de tropas o el endurecimiento migratorio, pueden exacerbar tensiones sociales y no resolver las causas profundas.

- La Guardia Nacional, como actor en el espacio civil, enfrenta críticas legítimas sobre su rol y límites.

- La narrativa pública está fragmentada entre discursos que privilegian la seguridad a toda costa y voces que advierten sobre riesgos de exclusión y estigmatización.

En definitiva, este caso es una tragedia humana que se inserta en un escenario político y social complejo, donde el desafío es encontrar respuestas que no sacrifiquen derechos ni seguridad, pero que reconozcan la complejidad de los procesos migratorios y sus consecuencias en la sociedad contemporánea.