Presupuesto 2026: Gobierno mantiene cifras optimistas pese a alertas de riesgo fiscal:Riesgos y tensiones que heredará la próxima administración
El Presupuesto 2026 fue despachado a ley el pasado 27 de noviembre sin modificaciones sustanciales en sus proyecciones macroeconómicas ni recortes significativos en el gasto público. El Congreso aprobó el erario con un crecimiento del gasto público de 1,7%, equivalente a cerca de 86,2 billones de pesos, y un déficit fiscal estructural estimado en -1,1% del PIB para el próximo año. Esta decisión consolida un escenario fiscal optimista que ha generado críticas y preocupación en distintos sectores políticos y técnicos, ante la persistencia de riesgos estructurales y la limitada holgura financiera que enfrentará la próxima administración.
Un pulso entre optimismo gubernamental y advertencias opositoras
Desde el oficialismo, el ministro de Hacienda Nicolás Grau defendió la consistencia de las cifras, argumentando que las proyecciones de ingresos y gastos están más ajustadas que en años anteriores y que el margen para recortes es limitado. Sin embargo, la bancada de Renovación Nacional (RN) y otros actores de oposición cuestionaron duramente este diagnóstico. “Lamentablemente votamos el Presupuesto 2026 con las mismas dudas que teníamos al comienzo y que tenían que ver con las proyecciones de ingresos, gastos, deuda flotante y las metas fiscales,” señaló el diputado Frank Sauerbaum (RN).
El documento técnico difundido por RN advierte que las bases macroeconómicas arrastran errores estructurales de proyección, con una sobreestimación de los ingresos tributarios en torno al 7,3% para 2026, que no se condice con el crecimiento económico estimado en 2,5% ni con la ausencia de modificaciones normativas relevantes. En 2023 y 2024, los ingresos efectivos estuvieron por debajo de lo presupuestado en más de un 6%, y para 2025 ya se reconoció una corrección a la baja cercana a los US$3.200 millones.
Además, RN alertó sobre la subestimación de la deuda flotante, especialmente en sectores clave como Salud y Vivienda, donde pasivos no reconocidos podrían superar los US$1.150 millones, y sobre la baja disponibilidad de fondos soberanos, con el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) reducido a la mitad respecto a 2022.
Tensiones políticas y desafíos para el próximo gobierno
La tramitación del Presupuesto estuvo marcada por un clima de alta tensión política. La oposición endureció su tono tras las elecciones legislativas, amenazando con masivos rechazos y acusaciones constitucionales en caso de que el Ejecutivo no ajustara las proyecciones. La negativa a modificar la llamada "glosa republicana", mecanismo que permitía al próximo gobierno contar con fondos de libre disposición para implementar su agenda, fue especialmente criticada y terminó eliminándose, lo que restringe la capacidad de maniobra fiscal de la administración entrante.
“El presupuesto arrastra errores estructurales y deja al próximo gobierno con un estrecho margen fiscal y mayores riesgos de ejecución,” concluye la minuta técnica de RN, reflejando una preocupación compartida por distintos expertos y sectores parlamentarios.
Por su parte, exdirectores de Presupuestos como Cristina Torres y Matías Acevedo coinciden en que el punto de partida para el próximo gobierno será un déficit fiscal elevado, con ingresos sobreestimados y gastos subestimados, lo que obliga a una gestión fiscal muy prudente y cuidadosa.
Ajustes y reasignaciones en partidas sensibles
Aunque la estructura macro se mantuvo, el Presupuesto incorporó algunas modificaciones puntuales tras la negociación parlamentaria. Se repusieron recursos para ministerios como Seguridad Pública, con aumentos para la PDI, Carabineros y gastos reservados de inteligencia, y se incrementaron los subsidios de vivienda DS49 de 25 mil a 40 mil unidades, tras presión de parlamentarios y candidatos presidenciales.
En contraste, partidas vinculadas a sitios de memoria y programas de identidad de género quedaron sin financiamiento, reflejando las tensiones políticas que atravesaron la discusión. Además, se aplicaron fuertes recortes en el Ministerio de Culturas, especialmente en el Pase Cultural, que vio reducidos sus recursos a la mitad.
Constataciones y consecuencias
La aprobación del Presupuesto 2026 sin modificaciones sustanciales en sus proyecciones refleja un triunfo político del Ejecutivo, que impuso su visión frente a una oposición fragmentada y con escasa capacidad para forzar recortes. Sin embargo, la persistencia de dudas técnicas y riesgos fiscales plantea un escenario complejo para la próxima administración, que deberá lidiar con márgenes estrechos para maniobrar y la necesidad de implementar ajustes estructurales en un contexto económico incierto.
La reducción en el Fondo de Estabilización y la subestimación de pasivos contingentes podrían limitar la capacidad del Estado para responder a futuras crisis o choques externos. Asimismo, la eliminación de la glosa republicana restringe la flexibilidad presupuestaria inicial del nuevo gobierno, elevando la presión para que en 2026 se realicen ajustes profundos o se busquen nuevas fuentes de ingresos.
La tensión política y la falta de acuerdos amplios en torno a la política fiscal evidencian que el debate presupuestario en Chile sigue siendo un campo de batalla donde convergen intereses, visiones y responsabilidades que deberán ser gestionadas con cuidado para evitar impactos negativos en la estabilidad económica y social.
En definitiva, el Presupuesto 2026 es un espejo de las complejidades y desafíos que enfrenta Chile en materia fiscal: un equilibrio precario entre optimismo gubernamental y realidades estructurales que no pueden ser ignoradas sin consecuencias.
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Fuentes consultadas incluyen informes y minutas de Renovación Nacional, declaraciones de diputados y exdirectores de Presupuestos, así como reportajes de La Tercera y Diario Financiero.