
Un año atrás, el 11 de abril de 2025, un sismo de magnitud 3.7 sacudió la costa de Tongoy, en la región de Coquimbo. Registrado a 52 km de profundidad y 14 km al este de Tongoy, este movimiento telúrico fue leve para muchos, pero su impacto simbólico y social fue profundo. No solo reactivó la memoria colectiva sobre la vulnerabilidad sísmica de Chile, sino que puso en evidencia las grietas en la preparación y respuesta estatal y comunitaria frente a futuros eventos de mayor magnitud.
Desde la mirada del Gobierno, el sismo fue una llamada de atención para fortalecer protocolos y sistemas de alerta temprana. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) reforzó campañas educativas, mientras la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) revisó sus planes operativos. Sin embargo, estas medidas han sido cuestionadas por expertos en sismología y gestión de riesgos, que advierten que la mejora en infraestructura y capacitación aún es insuficiente para enfrentar un terremoto de gran escala.
“No basta con campañas y simulacros; Chile requiere inversión real en construcción segura y sistemas de monitoreo en tiempo real”, señala la geóloga María Fernández, investigadora de la Universidad de Chile.
En Tongoy y localidades aledañas, la percepción ciudadana oscila entre la resignación y la exigencia. Para muchos habitantes, los temblores son parte del paisaje cotidiano, pero la sensación de abandono persiste. La falta de recursos para reforzar viviendas y la escasa presencia estatal en zonas rurales se traducen en una confianza limitada hacia las autoridades.
Pablo Salazar, dirigente vecinal, afirma: “Después del temblor, nos prometieron ayuda, pero seguimos igual. La gente tiene miedo, y con razón”. Esta voz se contrapone a la narrativa oficial que destaca avances en la gestión del riesgo.
En el debate político, la preparación ante desastres naturales se ha convertido en un tema transversal, pero con enfoques divergentes. Los partidos de oposición critican la lentitud del Gobierno para asignar presupuestos específicos a la prevención sísmica, mientras sectores oficialistas defienden que las inversiones en infraestructura pública y educación son un proceso gradual.
“La prevención no puede ser un discurso de campaña; requiere compromiso sostenido y recursos concretos”, advierte el diputado José Morales, miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana.
A un año del sismo en Tongoy, la evidencia muestra que Chile sigue siendo un país altamente vulnerable a los terremotos. La interacción entre la memoria colectiva y la acción institucional revela tensiones profundas: mientras expertos y comunidades demandan mayor urgencia y concreción, las respuestas oficiales avanzan con cautela y lentitud.
Es claro que la preparación sísmica no es solo una cuestión técnica, sino también política y social. El desafío es transformar la tragedia potencial en una oportunidad para fortalecer vínculos entre Estado, ciencia y ciudadanía, evitando que la próxima sacudida encuentre nuevamente a la población en la incertidumbre y el miedo.
Este balance invita a reflexionar sobre las prioridades nacionales y la capacidad de aprendizaje de una sociedad que, aunque acostumbrada a vivir con temblores, todavía no logra sacudir las inercias que ponen en riesgo su futuro.
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Fuentes: Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), entrevistas a expertos y dirigentes locales, análisis legislativo.