
Un proceso bajo la lupa: La evaluación ambiental en Chile ha sido centro de un debate que, lejos de resolverse en el corto plazo, ha madurado hasta mostrar sus múltiples aristas y consecuencias. Desde principios de 2025, la discusión sobre la llamada “permisología” ha polarizado opiniones: mientras algunos sectores demandan agilidad para acelerar la transición energética, otros advierten que la velocidad no puede sacrificar la calidad ni la sustentabilidad.
Cronología y contexto: El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) ha señalado que muchas demoras en la aprobación de proyectos no se deben a la burocracia per se, sino a la presentación incompleta o deficiente de antecedentes por parte de los propios titulares. Este dato ha sido clave para desmontar la narrativa que culpa exclusivamente a la institucionalidad ambiental. Además, informes internacionales como el RECAI 2024 de EY y el World Economic Forum han destacado a Chile entre los 15 países más atractivos para invertir en energías renovables, gracias a una institucionalidad que, aunque rigurosa, ofrece certezas jurídicas.
“Confundir eficiencia con rapidez es un error. La evaluación ambiental es eficiente cuando evalúa riesgos, escucha a las comunidades y garantiza sostenibilidad, no cuando aprueba proyectos a toda costa”, señala Julián Cortés, secretario de la ONG Red por la Equidad Energética (RedPE). Esta voz crítica representa a organizaciones sociales que temen que la presión por acelerar las inversiones termine por debilitar los estándares ambientales y sociales.
Perspectivas en pugna:
- Sector empresarial e inversionistas: Reclaman que los procesos actuales, aunque necesarios, generan incertidumbre y retrasos que afectan la competitividad de Chile en un mercado global cada vez más dinámico. Argumentan que la “permisología” se ha convertido en un obstáculo para cumplir con los compromisos climáticos y para aprovechar el potencial renovable del país.
- Comunidades locales y ambientalistas: Insisten en que acelerar evaluaciones sin rigurosidad pone en riesgo ecosistemas frágiles y derechos ciudadanos. Denuncian que proyectos mal planteados o con información incompleta han generado conflictos sociales y desconfianza hacia las autoridades.
- Institucionalidad pública: El SEA y otras entidades defienden su rol como garantes de un proceso serio y transparente. Reconocen la necesidad de mejorar la eficiencia, pero advierten que la solución no está en flexibilizar estándares sino en fortalecer capacidades técnicas y exigir mayor responsabilidad a los titulares de proyectos.
Consecuencias visibles y lecciones aprendidas: A casi un año de los debates más intensos, se observa que la tensión entre rapidez y rigor no se ha resuelto, pero sí ha impulsado reformas para mejorar la calidad de los antecedentes entregados y para fomentar una mayor participación ciudadana. Además, se ha evidenciado que la transición energética chilena debe construirse desde una base sólida que integre sustentabilidad económica, social y ambiental.
Este episodio ha expuesto una verdad incómoda: en la búsqueda de un futuro energético más limpio, la prisa puede ser enemiga de la prudencia, y la institucionalidad ambiental, lejos de ser un freno, es un espacio de diálogo donde convergen intereses diversos y donde se juega la legitimidad de un modelo de desarrollo.
En conclusión, la evaluación ambiental en Chile no es un mero trámite burocrático, sino un campo de batalla donde se enfrentan visiones sobre qué país queremos construir. La madurez del debate y las reformas en curso muestran que, aunque el camino es complejo, la apuesta por una transición energética justa y sustentable sigue siendo posible, siempre que se reconozcan y respeten las distintas voces que forman parte del desafío.
Fuentes consultadas: Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), informe RECAI 2024 de EY, World Economic Forum, ONG Red por la Equidad Energética (RedPE), carta pública de Julián Cortés publicada en La Tercera (10 abril 2025).
2025-04-10