
Chile enfrenta un escenario climático adverso que ha evolucionado en las últimas semanas hacia una amenaza tangible para la seguridad ambiental y social. Desde el 21 de noviembre, la región del Bío Bío se encuentra bajo Alerta Temprana Preventiva debido a altas temperaturas que superan los 30 grados Celsius, acompañadas de baja humedad relativa y condiciones que favorecen la propagación de incendios forestales. Esta situación se extendió con un aviso meteorológico emitido el 30 de noviembre por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que pronostica temperaturas de hasta 34ºC en la Región Metropolitana y regiones vecinas, reforzando la gravedad del riesgo en el centro-sur del país.
La conjunción de altas temperaturas, baja humedad y combustible vegetal seco ha convertido a estas regiones en un polvorín ambiental. Desde el Estado, Senapred y CONAF han activado protocolos de vigilancia y prevención, recomendando a la población evitar actividades que puedan generar incendios, como fogatas o manejo inapropiado de fuentes de calor.
Sin embargo, esta crisis revela tensiones profundas. Por un lado, autoridades regionales insisten en la necesidad de reforzar recursos y coordinación para la emergencia, mientras que sectores sociales cuestionan la capacidad y rapidez de respuesta estatal, señalando históricas deficiencias en la prevención y manejo de incendios.
“La alerta es necesaria, pero insuficiente si no se acompaña de inversión real en equipos y personal especializado”, afirma un representante de comunidades rurales afectadas, que han visto cómo sus territorios se vuelven vulnerables año tras año.
Desde la mirada ambientalista, este fenómeno es una manifestación clara del cambio climático en Chile, que ha extendido los períodos de sequía y elevación térmica, exacerbando el riesgo de incendios. Expertos en climatología y ecología advierten que estas condiciones extremas serán cada vez más frecuentes y requieren una transformación profunda en la gestión territorial y ambiental.
“No podemos seguir tratando los incendios como eventos aislados; son síntomas de un sistema en crisis climática”, señala una investigadora del Instituto de Ecología y Biodiversidad.
En contraste, algunos actores políticos y económicos enfatizan la importancia de la responsabilidad individual y comunitaria, promoviendo campañas de educación y autocuidado, pero también enfrentan críticas por no abordar las causas estructurales ni invertir en infraestructura resiliente.
Hasta la fecha, no se han registrado incendios de gran magnitud en las regiones bajo alerta, pero la tensión se mantiene alta. La coordinación entre organismos estatales, comunidades locales y expertos ha mejorado en algunos aspectos, aunque persisten desafíos en comunicación y recursos.
Este episodio pone en evidencia que la adaptación al cambio climático en Chile no es sólo una cuestión técnica o ambiental, sino un desafío socio-político que requiere diálogo abierto, distribución equitativa de recursos y reconocimiento de las diversas voces involucradas.
En definitiva, la alerta por altas temperaturas y riesgo de incendios forestales en el centro-sur chileno es un llamado urgente a repensar la relación entre el ser humano y su entorno, con consecuencias que trascienden la temporada estival y exigen una mirada de largo plazo.