Incendio forestal en Melipilla: la crisis que expone las grietas en la prevención y respuesta estatal

Un fuego que no solo arrasa con hectáreas de bosque y viviendas, sino que también desata un debate profundo sobre la capacidad y voluntad del Estado para prevenir y enfrentar desastres naturales en Chile.

Desde el 29 de noviembre, el incendio denominado “Álamos de Culiprán” ha consumido más de 200 hectáreas en la comuna de Melipilla, Región Metropolitana. La emergencia llevó al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) a declarar alerta roja y activar la mensajería del Sistema de Alerta de Emergencias (SAE) para ordenar la evacuación preventiva de sectores poblados cercanos al foco ígneo.

“Es un incendio que nos preocupa porque podría propagarse hacia sectores poblados, entonces es el motivo de la alerta SAE”, reconoció la alcaldesa Paula Gárate, mientras bomberos y brigadas de CONAF luchan contra el avance del fuego con helicópteros y aeronaves.

Pero más allá de la emergencia inmediata, la tragedia deja al descubierto una serie de tensiones y cuestionamientos. Por un lado, la confirmación de que el siniestro habría sido provocado por una acción humana imprudente, con una persona detenida, pone sobre la mesa la responsabilidad individual y la necesidad de campañas educativas más efectivas para evitar desastres en temporadas críticas.

“No podemos ponernos a hacer trabajos en el campo con este calor, cualquier chispa puede generar estas consecuencias”, advirtió la autoridad local, llamando a la ciudadanía a la responsabilidad.

Desde el ámbito político, la emergencia reaviva las críticas hacia la gestión estatal. Sectores de oposición y organizaciones ambientalistas denuncian que la respuesta sigue siendo reactiva y que la prevención, inversión en infraestructura y recursos humanos para combatir incendios forestales en zonas periurbanas sigue siendo insuficiente.

“No basta con apagar el fuego, debemos invertir en educación, fiscalización y planes de mitigación que integren a las comunidades”, señaló un representante de una ONG ambiental, mientras que desde el oficialismo se enfatiza en la coordinación entre municipios, CONAF y Senapred, destacando la rápida activación del SAE como un avance.

En la comunidad local, el drama también se vive en carne propia. Vecinos de Culiprán expresan miedo y frustración. Algunos cuestionan la demora en la entrega de información clara y oportuna, otros valoran la labor de bomberos y voluntarios que trabajan sin descanso.

Hasta el momento, el incendio ha consumido dos viviendas y puesto en evaluación otras cinco, con un despliegue de siete compañías de bomberos, brigadas especializadas y apoyo aéreo.

Esta crisis no es un hecho aislado: en Valparaíso, apenas días antes, otro incendio forestal activó alertas rojas y evacuaciones, evidenciando una temporada crítica y la urgencia de un cambio estructural en la política de gestión de riesgos.

Conclusiones visibles: el incendio en Melipilla desnuda la intersección entre negligencia humana, insuficiencias institucionales y la vulnerabilidad de las comunidades frente a desastres naturales. La tragedia obliga a repensar no solo la respuesta inmediata, sino también la prevención, la educación ciudadana y la política pública ambiental en Chile.

Mientras el fuego sigue activo, la verdadera batalla se libra en la arena política y social para evitar que esta historia se repita con consecuencias aún más devastadoras.