Revocación de libertad condicional y prisión preventiva en Chile: dos casos que reavivan el debate sobre justicia y proporcionalidad
Un choque de justicia y derechos se despliega en Chile a partir de dos decisiones recientes de la Corte Suprema que han puesto en jaque la percepción pública sobre la aplicación de la ley y la proporcionalidad de las medidas cautelares.
El 12 de noviembre de 2025, Mauricio Ortega, condenado por graves lesiones a Nabila Rifo, fue detenido tras la revocación de su libertad condicional por parte de la Corte Suprema. Esta medida se fundamentó en un fallo que acogió un recurso de amparo presentado por el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG), que denunció la falta de notificación adecuada a la víctima durante el proceso que permitió inicialmente su salida en libertad.
“Luego de interponer un recurso de amparo a través del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, la PDI detuvo a Mauricio Ortega para volver a prisión”, confirmó la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, a través de su cuenta en X. La detención se ejecutó sin resistencia en Coyhaique, y Ortega fue reingresado al Centro de Detención Preventiva de Puerto Aysén a la espera de una nueva evaluación de su libertad condicional.
Este caso ha reavivado el debate sobre la seguridad de las víctimas y la rigurosidad en la aplicación de la justicia penal, especialmente en delitos de violencia de género. Sectores conservadores y de derecha han enfatizado la necesidad de fortalecer las penas y evitar concesiones que puedan poner en riesgo a las víctimas, mientras que organizaciones de derechos humanos han destacado la importancia de respetar los procesos legales y garantizar notificaciones adecuadas para evitar vulneraciones.
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Por otro lado, el 9 de abril de 2025, la Corte Suprema dejó sin efecto la prisión preventiva de Francisca Curihuinca Calcumil, una mujer mapuche de 70 años imputada por hurto de madera en Toltén. El tribunal consideró que la medida cautelar era desproporcionada y vulneraba el principio de proporcionalidad, señalando que existen otras medidas menos gravosas que pueden asegurar los fines del proceso y la seguridad de la sociedad.
“La resolución impugnada carece de la fundamentación necesaria y vulnera el principio de proporcionalidad que rige en razón de la imposición de la medida cautelar más gravosa”, expresó la Segunda Sala del máximo tribunal en su fallo.
Este caso ha generado un intenso debate en la macrozona sur, donde el conflicto mapuche y la criminalización de sus comunidades son temas recurrentes. Mientras defensores de derechos indígenas y organizaciones sociales celebran la decisión como un avance en la justicia equitativa y el respeto a los derechos humanos, sectores policiales y políticos han cuestionado la medida, argumentando que debilita la autoridad y la seguridad en una zona afectada por violencia y delitos relacionados con la madera.
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Ambos casos, aunque distintos en contexto y naturaleza, evidencian tensiones profundas en el sistema judicial chileno. Por un lado, la necesidad de proteger a las víctimas y asegurar que los procesos respeten sus derechos, y por otro, la exigencia de proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales de los imputados, especialmente en contextos de vulnerabilidad social y cultural.
La revocación de la libertad condicional de Ortega pone en primer plano la importancia de la correcta notificación y el rol activo del Estado en la protección de las víctimas. Sin embargo, también expone la fragilidad de los procesos que, si no se ejecutan con rigor, pueden generar incertidumbre y cuestionamientos sobre la efectividad del sistema.
En contraste, la liberación de la adulta mayor mapuche cuestiona la tendencia a aplicar medidas extremas en contextos de conflicto social, donde la justicia penal puede ser percibida como herramienta de represión más que de reparación o prevención.
En definitiva, estos episodios invitan a reflexionar sobre la compleja interacción entre seguridad, justicia y derechos humanos en Chile, y sobre cómo el sistema legal debe navegar entre la firmeza y la equidad para responder a las demandas de una sociedad diversa y plural.
Las consecuencias visibles de estas decisiones ya se perciben en las discusiones políticas y sociales, y seguramente marcarán el debate público y judicial en los próximos meses, mientras la sociedad chilena busca caminos para una justicia que no solo castigue, sino que también respete y proteja a todos sus ciudadanos, sin excepción.