
En un movimiento que ha reconfigurado el tablero migratorio en Estados Unidos, el gobierno del expresidente Donald Trump, ahora en el poder, ha ordenado la revocación de permisos condicionales y la salida inmediata de miles de migrantes que ingresaron al país utilizando la aplicación CBP One, lanzada originalmente en 2020 para facilitar la gestión de citas en la frontera.Desde abril de 2025, numerosas notificaciones han sido enviadas a migrantes, informándoles que sus autorizaciones de permanencia y trabajo han sido canceladas y que deben abandonar el territorio estadounidense bajo riesgo de enfrentar procesos penales, multas y otras sanciones. Este giro ha reavivado las tensiones en una crisis migratoria que parecía haber encontrado cierto equilibrio bajo la administración Biden.
CBP One fue diseñada durante la presidencia de Biden como una herramienta para reducir detenciones y proteger a solicitantes de asilo, permitiéndoles programar citas en puertos de entrada. Sin embargo, bajo la nueva administración, la aplicación fue renombrada como CBP Home y su función se modificó para facilitar la "autodeportación".Ahora, los migrantes deben declarar su intención de salir y confirmar si cuentan con recursos y documentos para hacerlo. Este cambio ha generado un efecto dominó que ha puesto en jaque a miles de personas, muchas de ellas provenientes de México, Honduras y El Salvador.
El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense justifica esta medida como una respuesta necesaria para "asegurar nuestras fronteras y proteger la seguridad nacional", argumentando que la administración Biden abusó de su autoridad al permitir la entrada masiva de extranjeros indocumentados."La cancelación de estas autorizaciones es una promesa cumplida al pueblo estadounidense", afirmaron en un comunicado oficial.
En contraposición, organizaciones defensoras de derechos humanos y migrantes denuncian que la medida es un retroceso que pone en riesgo vidas y desconoce las complejidades del fenómeno migratorio. Señalan que muchos migrantes no cuentan con las condiciones para regresar y que la aplicación de la política carece de criterios humanitarios claros."Esto es un abuso y un golpe a la dignidad de las personas que buscan una vida mejor", sostienen activistas en México y Centroamérica.
Desde Chile y otros países de la región, la medida ha sido observada con preocupación, pues afecta a familias transnacionales y genera incertidumbre sobre el futuro de las políticas migratorias en América Latina y Estados Unidos. Expertos advierten que la estrategia podría incentivar migraciones irregulares y aumentar la vulnerabilidad de los migrantes.
Además, la implementación del registro nacional para migrantes indocumentados mayores de 14 años, que exige datos biométricos y domicilios, enfrenta obstáculos logísticos y éticos que podrían limitar su eficacia.La complejidad de este sistema refleja la tensión entre control estatal y derechos individuales, un dilema que sigue abierto en el debate migratorio.
Este episodio revela la volatilidad de las políticas migratorias estadounidenses y su impacto directo en vidas humanas. La revocación masiva de permisos y la presión para la salida inmediata evidencian un enfoque que prioriza la seguridad nacional sobre la protección humanitaria, generando un choque frontal con los derechos y necesidades de los migrantes.
Al mismo tiempo, la historia de CBP One y su transformación muestra cómo la tecnología puede ser un arma de doble filo: desde una herramienta de gestión y protección, a un mecanismo de exclusión y expulsión.
Finalmente, la tensión entre las distintas posturas —desde la defensa estricta de las fronteras hasta la urgencia de garantizar derechos humanos— no solo persiste, sino que se intensifica, invitando a una reflexión profunda sobre cómo abordar la migración en un mundo cada vez más interconectado y desigual.