El verdadero costo de la MCC: Un debate que trasciende cifras y pone en jaque la transparencia fiscal

El proyecto de la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC), concebido como una expansión en la red de prestadores y cobertura hospitalaria, ha dejado al descubierto una compleja trama de costos fiscales, desafíos técnicos y debates políticos que, tras meses de evolución, permiten una lectura más profunda y crítica de su impacto real en Chile.

Desde su origen, la MCC fue presentada como una iniciativa que no implicaría un aumento en el gasto fiscal. Sin embargo, múltiples advertencias durante la tramitación legislativa anticipaban problemas de diseño, que finalmente se tradujeron en un escenario financiero distinto al inicialmente planteado.

La primera licitación para implementar la MCC fue declarada desierta, evidenciando la alta incertidumbre y riesgo de selección adversa que el sistema implicaba para las aseguradoras. La siniestralidad difícil de estimar generó desconfianza en el mercado, obligando a Fonasa a incorporar un mecanismo de gestión de riesgo compartido (GRAC), que transfiere parte del costo a la institución pública si la siniestralidad supera las previsiones.

Este cambio estructural llevó a que la Ley de Presupuestos 2026 abriera una línea específica por $10.000 pesos para "Bonificaciones de salud – MCC". Así, el costo fiscal adicional se ha vuelto una realidad palpable, con estimaciones que oscilan entre US$70 millones anuales para 500 mil beneficiarios y hasta US$420 millones en caso de que la adhesión alcance los 3 millones, cifras que solo consideran el ámbito hospitalario.

Desde la perspectiva técnica, expertos como Francisco León, consultor senior y exjefe en Fonasa, y Benjamín Ahumada, académico y consultor, coinciden en que "negar estos costos erosiona la transparencia de la política pública". El desafío no es evitar el gasto, sino reconocerlo y gestionarlo con rigor y responsabilidad.

En el plano político, esta realidad ha generado tensiones evidentes. Mientras algunos sectores enfatizan la necesidad de ampliar la cobertura para mejorar el acceso y la calidad en salud, otros advierten sobre la sostenibilidad fiscal y el riesgo de comprometer recursos que podrían ser destinados a otros programas sociales.

“Lo esencial no es si habrá un costo, sino asumirlo con seriedad desde el principio,” señala el análisis conjunto de los especialistas, invitando a un debate informado y transparente que evite la desinformación y la polarización.

Para la ciudadanía, este episodio es un recordatorio de que las políticas públicas, especialmente en áreas sensibles como la salud, requieren no solo buenas intenciones sino también un diseño robusto, evaluaciones rigurosas y un manejo claro de sus consecuencias económicas.

En conclusión, la MCC representa un caso paradigmático donde el costo fiscal ya no es un dato hipotético sino un elemento tangible que desafía a los responsables políticos y técnicos a equilibrar la expansión de derechos sociales con la responsabilidad financiera. La lección, a la luz de los hechos, es que la transparencia y la anticipación son indispensables para evitar sorpresas y construir confianza en las políticas que afectan la vida de millones de chilenos.