Las marejadas que sacudieron la costa chilena: un fenómeno que expuso vulnerabilidades y debates

Un mar que no perdona. Entre el 29 de marzo y el 1 de abril de 2025, la costa chilena fue azotada por marejadas que no solo alteraron la rutina de sus habitantes, sino que revelaron grietas profundas en la preparación y respuesta ante fenómenos naturales. Desde el Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo el archipiélago Juan Fernández, el Servicio Meteorológico de la Armada emitió una alerta que mantuvo en vilo a miles de personas.

Oleaje y alerta: la cronología del fenómeno

El origen de estas marejadas se vincula al paso de un sistema frontal en el sur del país, que generó oleajes intensos en dirección suroeste. El aviso oficial fue emitido el martes 29 de marzo y se extendió hasta el viernes 1 de abril. Durante esos días, comunidades costeras enfrentaron la fuerza del mar, con daños en infraestructuras portuarias, interrupción de actividades pesqueras y riesgos para quienes habitan cerca del borde costero.

Voces desde el terreno: entre la preocupación y la crítica

Desde las regiones afectadas, las reacciones fueron diversas y tensas. Por un lado, autoridades locales y la Armada enfatizaron la importancia de las alertas tempranas y las medidas preventivas, como evitar transitar por roqueríos y zonas expuestas. “La coordinación entre instituciones permitió minimizar daños mayores, pero debemos seguir mejorando la comunicación con las comunidades,” reconoció un oficial de la Armada en entrevista con La Tercera.

Sin embargo, organizaciones sociales y líderes comunitarios cuestionaron la falta de inversión en infraestructura resistente y planes de contingencia adecuados para zonas históricamente vulnerables. “No es la primera vez que el mar nos golpea con esta fuerza. La precariedad en la protección costera es una deuda que el Estado tiene con nosotros,” denunció una dirigente vecinal de la Región de Valparaíso.

El debate político y regional: prioridades en la agenda pública

En el plano político, la situación abrió un debate agudo sobre el rol del Estado en la prevención de desastres naturales y la asignación de recursos. Sectores de oposición acusaron al gobierno de subestimar la emergencia, mientras que desde el oficialismo se defendió la gestión afirmando que se actuó conforme a protocolos vigentes.

Regiones como La Araucanía y Los Lagos, con economías fuertemente ligadas a la pesca artesanal, pusieron sobre la mesa la necesidad de políticas integrales que consideren no solo la emergencia inmediata, sino la sostenibilidad ambiental y social a largo plazo.

Consecuencias y aprendizajes visibles

A más de siete meses del evento, las marejadas dejaron un saldo que va más allá de daños materiales. Se evidenció la fragilidad de muchas comunidades costeras frente a fenómenos climáticos extremos, y la urgencia de fortalecer sistemas de alerta y resiliencia. También quedó en evidencia la tensión entre la centralización de decisiones y las demandas locales por mayor participación y recursos.

Este episodio, además, reactivó la discusión sobre el cambio climático y sus efectos en la costa chilena, donde el aumento en la frecuencia e intensidad de marejadas es una amenaza creciente.

Miradas cruzadas para entender la tragedia

Este fenómeno natural no fue solo un desafío meteorológico, sino un escenario donde se enfrentaron distintas realidades y expectativas. Por un lado, la institucionalidad y sus esfuerzos por proteger a la población, y por otro, comunidades que se sienten postergadas y vulnerables. Estas marejadas, por tanto, son un espejo donde se reflejan las desigualdades territoriales y la necesidad de un diálogo profundo para construir respuestas más justas y eficaces.

En definitiva, la lección de estas marejadas es clara: la naturaleza golpea, pero la verdadera tragedia es no aprender a tiempo para proteger a quienes viven en su frontera.