La extradición que desvela los vínculos del Tren de Aragua en Chile: un caso que trasciende fronteras
El retorno de Luis Carrillo Ortiz, alias Gocho, a Chile tras la autorización de su extradición por parte de la Corte Suprema de Colombia, es más que un trámite judicial: es la punta del iceberg de una red criminal transnacional que ha puesto en jaque a las autoridades y a la sociedad civil chilena.
El 23 de octubre de 2025, la Corte Suprema colombiana aprobó formalmente la extradición de Carrillo, detenido desde febrero en Boyacá, Colombia, en el marco de una alerta roja de Interpol. Este venezolano es requerido por la Fiscalía chilena por asociación ilícita y secuestro con homicidio, delitos ligados al asesinato de Ronald Ojeda, exmilitar venezolano cuyo cuerpo fue encontrado enterrado en una maleta en Santiago nueve días después de su secuestro en febrero de 2024.
Un crimen que desnuda al Tren de Aragua
La investigación del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) ha sido clave para desentrañar la operación de la célula Los Piratas, una facción del Tren de Aragua asentada en la toma Santa Marta, Maipú. Este lugar funcionó como centro operativo de la banda en Chile y escenario del homicidio. La banda, que ha extendido su influencia en varios países de la región, representa un desafío para las políticas de seguridad y migración.
“La extradición de Gocho no solo es un paso en la justicia para la familia Ojeda, sino un golpe a la estructura criminal que ha encontrado en Chile un refugio peligroso”, señala un investigador del ECOH que prefirió mantener su anonimato.
Perspectivas encontradas: seguridad, migración y justicia
El caso ha generado un intenso debate público y político. Desde sectores conservadores, la extradición es celebrada como una victoria en la lucha contra la delincuencia transnacional y un llamado a endurecer las políticas migratorias.
“No podemos permitir que bandas como el Tren de Aragua sigan operando impunemente. Esta extradición demuestra que la cooperación internacional es fundamental para proteger a nuestros ciudadanos”, afirmó un diputado de derecha.
En contraste, organizaciones de derechos humanos y algunos sectores políticos advierten sobre los riesgos de estigmatizar a comunidades migrantes y la necesidad de garantizar procesos judiciales justos y transparentes.
“La seguridad no debe ser excusa para políticas migratorias represivas ni para vulnerar derechos fundamentales. La extradición debe ser un proceso con todas las garantías y sin caer en discursos xenófobos”, sostuvo un representante de una ONG migrante.
Consecuencias y certezas
Con la firma pendiente del presidente colombiano Gustavo Petro para concretar la entrega, Chile se prepara para enfrentar un capítulo decisivo en la persecución del Tren de Aragua. Más allá del caso puntual de Carrillo, esta extradición visibiliza la complejidad de los vínculos criminales en la región y la necesidad de políticas integrales que combinen justicia, cooperación internacional y respeto a los derechos humanos.
La historia de Ronald Ojeda y la captura de Gocho son un recordatorio sombrío de que las tragedias personales pueden reflejar crisis sociales y políticas profundas, donde cada actor –desde el Estado hasta la sociedad civil– debe asumir su rol en el coliseo de la seguridad y la justicia.
En definitiva, la extradición no solo responde a la pregunta de quién debe rendir cuentas por un crimen atroz, sino que abre un escenario para repensar cómo Chile enfrenta la delincuencia organizada transnacional y sus implicancias en la convivencia social y los derechos humanos.
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Fuentes: La Tercera (2025-10-23), reportes del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), declaraciones públicas de autoridades y ONG migrantes.