Aumento de homicidios en comunas del Gran Santiago: ¿Un fenómeno aislado o síntoma de una crisis más profunda?

En menos de seis meses, dos hombres han perdido la vida tras ser baleados en plena vía pública en comunas del Gran Santiago. El primero, el 6 de abril de 2025, en Quilicura, donde un hombre de 38 años murió luego de recibir un disparo en una pierna tras una discusión. El segundo, el 20 de octubre, en San Bernardo, donde un hombre fue atacado por desconocidos y falleció tras recibir un disparo en la cabeza. Estos hechos no solo conmocionaron a sus respectivas comunidades, sino que abrieron un debate sobre la seguridad, la violencia urbana y la respuesta estatal en las periferias metropolitanas.

Un fenómeno que interpela a todos los actores

Desde la perspectiva policial, ambas investigaciones quedaron en manos de la Brigada de Homicidios de la PDI, que aún busca esclarecer los móviles y autores. Sin embargo, la falta de antecedentes claros sobre vínculos de las víctimas con bandas o ajustes de cuentas ha generado incertidumbre. La fiscal Claudia España señaló que en San Bernardo los atacantes llegaron a pie y dispararon directamente contra la víctima. Por su parte, la fiscal Marcela Adasme confirmó en Quilicura que el homicidio ocurrió luego de una discusión con desconocidos.

Para las comunidades afectadas, estos sucesos son la punta del iceberg de una violencia que se siente cotidiana, pero que pocas veces se refleja en cifras oficiales o políticas públicas efectivas. Vecinos y organizaciones sociales denuncian la falta de presencia policial efectiva, el aumento de la delincuencia y la sensación de abandono estatal.

En el espectro político, un choque de interpretaciones

Desde la derecha, algunos sectores han enfatizado la necesidad de fortalecer la mano dura y aumentar el presupuesto para seguridad, argumentando que la impunidad y la falta de control territorial son los principales factores que permiten estos hechos. “No podemos normalizar que se mate en la calle. Es urgente un plan integral que incluya más policías y penas ejemplares”, declaró un parlamentario oficialista.

En contraste, sectores de izquierda y movimientos sociales han cuestionado que la respuesta se limite a la represión y han llamado a abordar las causas estructurales, como la exclusión social, la falta de oportunidades y la precariedad en barrios periféricos. “La violencia no se combate con balas, sino con políticas de inclusión, educación y desarrollo comunitario”, afirmó una vocera de organizaciones vecinales de San Bernardo.

Consecuencias visibles y lecciones pendientes

Estos homicidios evidencian que la violencia armada en espacios públicos sigue siendo un problema grave y complejo en la periferia santiaguina. La polarización política dificulta un consenso sobre cómo enfrentar el fenómeno, mientras que las comunidades sufren la pérdida y el miedo.

Los hechos confirman que la violencia no es solo un problema policial, sino un síntoma de desigualdades profundas y de un sistema que aún no logra garantizar seguridad y justicia para todos. La ausencia de avances claros en las investigaciones y la falta de una estrategia integral para prevenir estos delitos mantienen la incertidumbre y alimentan la sensación de vulnerabilidad.

Para avanzar, será necesario que actores políticos, fuerzas de seguridad, organizaciones sociales y ciudadanos dialoguen desde la complejidad del fenómeno, reconociendo las múltiples causas y consecuencias. Solo así se podrá construir una respuesta que no solo contenga la violencia, sino que también promueva la cohesión social y el respeto a la dignidad humana.

Este doble homicidio, a meses de distancia, no es un hecho aislado, sino un llamado urgente a reflexionar y actuar con profundidad, más allá de la inmediatez y la simplificación. La tragedia de quienes perdieron la vida debe ser el motor para repensar la seguridad en Chile con una mirada amplia y humana.