
Un escrutinio que trasciende fronteras
El 5 de abril de 2025, el gobierno canadiense emitió una advertencia oficial a sus ciudadanos sobre la posibilidad de que sus teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos sean registrados al ingresar a Estados Unidos. Esta medida no surge en el vacío, sino como parte de una escalada en la guerra comercial y política entre ambos países, marcada por la administración estadounidense y sus políticas migratorias y de seguridad cada vez más restrictivas.
Las autoridades canadienses recomendaron a los viajeros ser "francos en todas las interacciones con las autoridades fronterizas" y alertaron sobre la posibilidad de detenciones temporales en caso de negación de entrada. Este llamado, más que un simple consejo, refleja un cambio palpable en la experiencia de los ciudadanos que cruzan una frontera históricamente permeable y simbólica de la relación bilateral.
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Desde la óptica del gobierno canadiense, esta advertencia es un acto de protección hacia sus ciudadanos y un llamado a la prudencia en un contexto internacional convulsionado. El primer ministro Mark Carney, en una declaración posterior, justificó la imposición de aranceles a productos estadounidenses como una respuesta "a regañadientes" pero necesaria para defender la economía y la soberanía canadiense.
Por otro lado, en Estados Unidos, las autoridades fronterizas defienden estas medidas como parte de un esfuerzo legítimo por fortalecer la seguridad nacional y controlar flujos migratorios y comerciales en un escenario de creciente incertidumbre global. Para ellos, el registro de dispositivos electrónicos es una herramienta más dentro de un arsenal legal que busca prevenir riesgos.
En la sociedad civil, la reacción es más diversa y compleja. Organizaciones de derechos humanos y expertos en privacidad alertan sobre los riesgos que estas prácticas implican para la protección de datos personales y libertades individuales. “Estamos ante un punto de inflexión donde la seguridad se impone a costa de derechos fundamentales”, señala una experta en derechos digitales de la Universidad de Toronto.
Mientras tanto, viajeros frecuentes y comunidades transfronterizas expresan preocupación por el impacto directo en su movilidad cotidiana y en la confianza hacia las autoridades de ambos países.
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Desde la emisión de la advertencia, se ha registrado una reducción en los viajes de canadienses a EE.UU., con un impacto directo en el sector turístico y en el comercio bilateral. Según la Asociación de Viajes de Estados Unidos, el gasto canadiense en turismo cayó significativamente en 2025, afectando tanto a pequeñas empresas como a grandes centros comerciales en zonas fronterizas.
Este episodio pone en evidencia la fragilidad de una relación que, aunque estrecha y compleja, está sujeta a las tensiones políticas y económicas globales. La experiencia canadiense abre un debate sobre hasta dónde deben llegar las políticas de seguridad y qué costos están dispuestos a asumir los ciudadanos en nombre de ellas.
Finalmente, la historia reciente recuerda que las fronteras no solo son líneas geográficas, sino espacios de conflicto y negociación constante entre soberanía, derechos y realidades humanas.
En este escenario, la advertencia canadiense no es solo una medida práctica, sino un síntoma de un mundo donde la vigilancia y la desconfianza se han normalizado, y donde el ciudadano común queda a merced de decisiones que trascienden su control.
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Fuentes: Gobierno de Canadá (2025), La Tercera (2025), Asociación de Viajes de Estados Unidos (USTA, 2025), Universidad de Toronto (expertos en derechos digitales).