
En la frontera norte de Chile, un episodio reciente ha puesto en evidencia las complejidades y contradicciones del fenómeno migratorio en Arica. El 2 de abril de 2025, Nilton Zacarias González Cuevas fue detenido mientras intentaba ingresar ilegalmente a 12 personas, entre ellas cuatro menores de edad, desde Bolivia hacia Chile, a cambio de pagos que alcanzaban los 400 mil pesos por persona. Esta detención, que derivó en prisión preventiva para González Cuevas, ha desencadenado un debate que va mucho más allá de un solo caso judicial.
Desde la perspectiva judicial y policial, el caso representa una captura significativa. “Su libertad constituiría un peligro para la seguridad de la sociedad,” argumentó la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Arica al ordenar la prisión preventiva. Sin embargo, expertos en migración y organizaciones de derechos humanos advierten que este caso es solo la punta del iceberg de una red compleja que involucra actores de distintas nacionalidades, incluyendo coordinación con sujetos peruanos para el traslado de migrantes.
Mientras que las autoridades enfatizan la necesidad de controlar el flujo irregular para proteger el orden público, sectores sociales y organizaciones civiles recuerdan que detrás de cada migrante hay historias de vulnerabilidad y búsqueda de oportunidades, y que la criminalización puede invisibilizar estas realidades.
Arica, tradicionalmente un punto neurálgico en la migración hacia Chile, enfrenta un desafío creciente en materia de infraestructura, servicios y convivencia social. Habitantes locales expresan una mezcla de preocupación y empatía. “Nos afecta la llegada masiva, pero también sabemos que son personas que huyen de situaciones extremas,” comenta un dirigente vecinal.
Por otro lado, sectores políticos regionales han utilizado el caso para demandar mayor control fronterizo y recursos para seguridad, mientras que otros llaman a políticas migratorias más inclusivas y con enfoque humanitario.
En el plano político, la detención ha sido interpretada según líneas partidarias. La derecha ha enfatizado la necesidad de mano dura y sanciones ejemplares para frenar el tráfico ilegal, mientras que la izquierda ha reclamado por mayores mecanismos de protección para migrantes y cuestionado la eficacia de las políticas actuales.
Además, organizaciones internacionales han señalado que el fenómeno del tráfico de migrantes no puede ser abordado solo desde la seguridad, sino que requiere cooperación regional y políticas integrales que combatan las causas profundas, como la pobreza y la violencia en países vecinos.
Este caso emblemático de tráfico de migrantes en Arica desnuda una realidad multifacética: la existencia de redes transnacionales que explotan la vulnerabilidad de personas en búsqueda de una vida mejor, la tensión entre seguridad y derechos humanos, y la necesidad urgente de políticas migratorias que reconozcan esta complejidad.
La prisión preventiva de González Cuevas es solo un episodio dentro de un escenario más amplio, donde la frontera norte se convierte en un espacio de confrontación entre distintos intereses y narrativas. La lección que deja es clara: sin un enfoque que combine justicia, protección y cooperación regional, estos episodios seguirán repitiéndose, profundizando las divisiones sociales y políticas en Chile.
Fuentes consultadas incluyen reportes judiciales de la Corte de Apelaciones de Arica, declaraciones de Carabineros, análisis de organizaciones de derechos humanos y entrevistas a actores sociales de la región.