Detención en Puerto Montt: Un adulto mayor acusado de acoso sexual a niños en espacios públicos: La sombra de un historial internacional

Un adulto mayor de 75 años fue detenido en Puerto Montt tras ser formalizado por cuatro delitos de abuso sexual sin contacto corporal contra menores de entre 6 y 8 años. La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó que el imputado se acercaba a niños en plazas públicas y les exhibía sus genitales para luego huir. Este hecho, ocurrido en el sector de Alerce, abrió una caja de Pandora que revela una trayectoria criminal que trasciende fronteras.

El sujeto posee antecedentes en Estados Unidos, donde fue condenado por delitos sexuales similares en tres ocasiones, además de una denuncia en Brasil y dos condenas en Chile por ofensas al pudor en 2019 y 2023. La acumulación de estas sentencias plantea preguntas sobre la efectividad de los mecanismos internacionales para impedir que personas con este tipo de historial continúen operando en distintos países.

Desde la perspectiva de las autoridades, la detención fue fruto de una investigación meticulosa que comenzó a principios de 2025. “La detención se materializa luego de una investigación con funcionarios de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI en Puerto Montt, estableciendo los hechos formalizados al imputado”, explicó la fiscal Ana María Agüero. Además, se incautaron elementos tecnológicos del domicilio del imputado para profundizar en la investigación.

En contraste, voces ciudadanas y organizaciones de protección infantil expresan una mezcla de alivio y preocupación. Por un lado, valoran la pronta acción policial; por otro, cuestionan cómo un sujeto con antecedentes internacionales pudo mantenerse activo en espacios públicos, poniendo en riesgo a niños y niñas. “Esto refleja una falla sistémica en la coordinación entre países y en la vigilancia local”, señaló una representante de una ONG dedicada a la protección infantil en la Región de Los Lagos.

Desde el ámbito jurídico, la prisión preventiva dictada al imputado es considerada por algunos expertos como una medida necesaria para resguardar a la comunidad mientras se desarrolla el proceso judicial. Sin embargo, otros advierten sobre la necesidad de políticas públicas que aborden la prevención y rehabilitación, más allá de la sanción penal.

Regionalmente, la noticia ha generado un impacto profundo en Puerto Montt y sus alrededores, donde la sensación de inseguridad ha crecido en los espacios públicos. Padres y madres se muestran más cautelosos, y la comunidad exige mayor presencia policial y programas de educación preventiva para niños y adolescentes.

Este caso pone en evidencia varias verdades incómodas: la persistencia de delincuentes sexuales a pesar de condenas previas, las dificultades en la cooperación internacional para el seguimiento de estos individuos, y la vulnerabilidad de los espacios públicos donde deberían jugar los niños sin temor.

En conclusión, más allá de la detención y formalización, el episodio es un llamado a revisar y reforzar las políticas de protección infantil, la coordinación judicial internacional y la vigilancia comunitaria. La tragedia vivida por las víctimas y sus familias no debe quedar en la sombra, sino iluminar un camino hacia una sociedad que no tolere ni permita la repetición de estos actos.