
San Bernardo, tradicional comuna del cinturón sur de Santiago, se ha convertido en escenario de una tragedia reiterada que pone en jaque la sensación de seguridad de sus habitantes. Entre abril y octubre de 2025 se registraron dos homicidios a balazos, ambos en espacios públicos y con víctimas que no tenían antecedentes criminales notorios ni vínculos confirmados con bandas organizadas.
El primero ocurrió el 5 de abril de 2025, cuando un hombre de 44 años fue asesinado tras salir de una sesión de diálisis en un centro de salud de la comuna. La víctima, que caminaba hacia el estacionamiento, fue abordada por un grupo de sujetos que le dispararon en la parte inferior del cuerpo. A pesar de ser trasladado rápidamente al Hospital Parroquial de San Bernardo, falleció debido a la gravedad de sus heridas. La fiscal Camila Palma, del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), señaló que no existían antecedentes claros sobre un posible móvil de ajuste de cuentas o robo, y que no había personas identificadas hasta ese momento.
Meses después, el 20 de octubre de 2025, un nuevo episodio de violencia estremeció a la comunidad. Un hombre de 34 años, no residente del sector, fue atacado por cuatro sujetos mientras se encontraba en la vía pública, en el sector de Camino La Vara con la Ruta 5. Recibió un disparo en la cabeza y, pese a ser auxiliado por un amigo y trasladado al Hospital El Pino, falleció en el lugar. La fiscal Claudia España descartó vínculos con bandas criminales organizadas, aunque el caso mantiene abierta la investigación sin detenidos.
Desde la perspectiva comunitaria, estos hechos han profundizado la sensación de inseguridad y abandono. Vecinos consultados expresan su frustración ante la falta de respuestas concretas y la persistente violencia que afecta espacios cotidianos y aparentemente seguros. “No podemos salir tranquilos a la calle, ni siquiera para hacer trámites o ir al hospital”, comenta una vecina del sector.
Por su parte, las autoridades policiales y judiciales enfrentan el desafío de esclarecer crímenes que, hasta ahora, carecen de un móvil claro o de imputados formales. La Brigada de Homicidios de la PDI continúa con las diligencias, mientras el Ministerio Público mantiene activa la investigación, aunque sin avances públicos significativos.
El fenómeno ha generado un debate político donde las posturas se dividen. Algunos sectores de derecha enfatizan la necesidad de reforzar la presencia policial y endurecer penas, argumentando que la impunidad alimenta la escalada de violencia. En contraposición, voces desde la izquierda y organizaciones sociales llaman a abordar las causas estructurales, como la pobreza, la exclusión social y la falta de políticas integrales de prevención y rehabilitación.
Expertos en seguridad ciudadana advierten que la ausencia de un diagnóstico claro y la falta de coordinación entre actores estatales y comunitarios dificultan una respuesta efectiva. Además, alertan que el estigma sobre las víctimas y la criminalización de los sectores populares puede agravar la fragmentación social.
Los dos homicidios en San Bernardo en 2025 evidencian una violencia urbana que no se limita a conflictos entre bandas, sino que también impacta a personas vulnerables en espacios cotidianos. La falta de esclarecimiento y detenciones genera una sensación de impunidad que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones.
Este escenario demanda un análisis profundo que supere la polarización y considere tanto las respuestas inmediatas de seguridad como las políticas sociales de largo plazo. La tragedia en San Bernardo es un espejo de las tensiones que atraviesan muchas comunas del Gran Santiago, donde la violencia y la inseguridad siguen siendo un desafío urgente y complejo.
En definitiva, la historia de estos homicidios no es solo la crónica de dos muertes, sino un llamado a comprender las raíces del conflicto y a construir soluciones integrales que restituyan la dignidad y la seguridad de las comunidades afectadas.