
Un tratado que parecía inquebrantable, ahora se encuentra en el centro de una disputa que atraviesa fronteras y convicciones. Desde 2003, Chile y Estados Unidos consolidaron una relación comercial basada en la eliminación de aranceles, culminando en 2015 con la total desgravación de importaciones entre ambos países. Este acuerdo, que potenció el intercambio bilateral —con un crecimiento del 68,5% en exportaciones chilenas a EEUU en 2016 y un aumento de 2,2 veces en el comercio total desde 2004— parecía un ejemplo de globalización efectiva y beneficiosa para ambas partes.
Pero la llegada de la administración Trump cambió el tablero. En 2025, el gobierno estadounidense impuso un arancel recíproco del 10% que afectó directamente a las exportaciones chilenas. Este movimiento, amparado en cláusulas de seguridad nacional dentro del TLC, encendió alarmas y dio pie a una serie de debates que aún hoy, ocho meses después, no encuentran un consenso claro.
"¿Por qué se está diciendo que Chile le cobra 10% a las exportaciones de EEUU cuando no es así? Entran con arancel 0%", cuestionó Heraldo Muñoz, exministro de Relaciones Exteriores, enfatizando la necesidad de utilizar los canales diplomáticos que el propio tratado contempla para resolver este conflicto. Para Muñoz, la acción unilateral estadounidense no solo vulnera el espíritu del acuerdo, sino que también obliga a Chile a diversificar sus mercados para no depender exclusivamente de EEUU.
Por otro lado, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, reconoció que "estas medidas están dentro de las excepciones del TLC, específicamente por razones de seguridad nacional", dando una explicación técnica que no ha calmado las preocupaciones del sector exportador ni de varios actores políticos.
Desde la derecha política, se ha cuestionado la capacidad del gobierno chileno para reaccionar con firmeza y defender los intereses nacionales, mientras que sectores progresistas han llamado a una revisión más profunda del modelo de acuerdos comerciales, apuntando a la vulnerabilidad que exhiben frente a decisiones unilaterales de potencias económicas.
Regiones exportadoras como la del Biobío y Los Lagos han reportado impactos concretos en sus ventas, lo que ha generado tensiones sociales y presiones para que el gobierno actúe con mayor contundencia.
Este episodio deja en evidencia que los tratados de libre comercio, por más sólidos que parezcan, no están exentos de ser condicionados por intereses estratégicos y políticos que escapan a la lógica económica pura. La cláusula de seguridad nacional, hasta ahora poco invocada, se ha convertido en un arma que puede redefinir relaciones comerciales.
Para Chile, la lección es doble: la necesidad imperiosa de diversificar mercados y la urgencia de fortalecer la diplomacia económica para enfrentar desafíos en un mundo cada vez más volátil. La confianza en acuerdos bilaterales debe ir acompañada de estrategias que consideren escenarios de ruptura o reinterpretación de las reglas vigentes.
En definitiva, lo ocurrido con el TLC y los aranceles de Trump no solo es un capítulo de disputa comercial, sino una ventana hacia las complejidades geopolíticas que condicionan el comercio internacional en el siglo XXI. Y mientras los actores se enfrentan en esta arena, los ciudadanos y empresas chilenas observan atentos, conscientes de que el futuro de sus exportaciones y empleos pende de decisiones que aún están por resolverse.
2025-11-12
2025-11-12