
El 4 de abril de 2025, un sismo de magnitud 4.0 se registró a 61 kilómetros al suroeste de Ollagüe, con una profundidad de 109 kilómetros. A primera vista, un evento moderado en la escala sísmica, pero con resonancias que van más allá del temblor en sí.
En el epicentro de esta sacudida, Ollagüe, un pequeño pueblo minero en la Región de Antofagasta, la tierra volvió a recordar su fragilidad. Para sus habitantes, acostumbrados a la constante amenaza telúrica, el temblor no fue solo un fenómeno natural, sino un recordatorio de la precariedad en la que viven muchas comunidades alejadas de los grandes centros urbanos.
“No es solo un número en la escala, es la incertidumbre de qué pasará con las casas, con la infraestructura, con la vida cotidiana,” comenta María Inés Rojas, dirigente vecinal de Ollagüe.
Por su parte, las autoridades nacionales y regionales, a través del Centro Sismológico Nacional y organismos de emergencia, reiteraron la importancia de mantener la calma y seguir los protocolos de seguridad, “Chile es uno de los países más sísmicos del mundo, y esta realidad nos obliga a estar siempre preparados,” afirmó el director de ONEMI.
Este evento, lejos de ser aislado, se inscribe en la dinámica geotectónica del Cinturón de Fuego del Pacífico, donde convergen la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana. Esta zona concentra el 90% de la actividad sísmica mundial y el 81% de los movimientos más potentes, según el Departamento de Gestión de Riesgos en Emergencias y Desastres.
Sin embargo, la discusión pública y académica no se limita a la geología. La sacudida ha reavivado el debate sobre la desigualdad territorial en Chile y la capacidad real de respuesta ante desastres naturales. Mientras en grandes ciudades se invierte en tecnología avanzada para monitoreo y respuesta rápida, en localidades como Ollagüe la infraestructura básica y los planes de contingencia aún son insuficientes.
“La brecha entre la preparación urbana y rural es un síntoma de una desigualdad más profunda,” señala el sociólogo Juan Pablo Herrera, experto en gestión de riesgos sociales.
Desde una perspectiva política, las reacciones se dividen. Algunos sectores gubernamentales destacan la efectividad de los protocolos y la inversión en sistemas de alerta temprana, mientras que organizaciones sociales y ambientalistas exigen mayor participación comunitaria y transparencia en la planificación territorial.
Finalmente, la verdad que emerge es que el sismo de Ollagüe, aunque moderado, es un espejo de las tensiones estructurales que enfrenta Chile. La constante amenaza sísmica no solo desafía la ingeniería, sino también la cohesión social, la equidad y la capacidad de anticipar y mitigar riesgos en todos los rincones del país.
Este episodio invita a mirar con atención la relación entre naturaleza y sociedad, donde no basta con medir la magnitud del temblor, sino también la magnitud de nuestra respuesta colectiva y la justicia con la que se distribuyen recursos y capacidades para enfrentarlo.