Detención de cazador furtivo en Ollagüe: un episodio que revela tensiones entre conservación y subsistencia en el altiplano
El 3 de abril de 2025, Carabineros de la Patrulla de Atención a Comunidades Indígenas (PACI) de Calama detuvo a un hombre boliviano acusado de caza furtiva de vicuñas en el Salar de Carcote, Ollagüe, a más de 4.000 metros de altura en la Región de Antofagasta. En poder del detenido se encontraron seis pieles faenadas de vicuña, munición, un cuchillo y una motocicleta con encargo por robo desde 2017. La captura, que duró una hora y media de persecución a pie, expuso la complejidad de controlar actividades ilegales en zonas remotas y la tensión entre las comunidades locales, la fauna protegida y las fuerzas del orden.
Este episodio, lejos de ser un hecho aislado, pone en el centro un conflicto persistente: la protección de una especie emblemática versus las necesidades de subsistencia y tradiciones de los habitantes del altiplano. La vicuña, declarada Monumento Natural, ha sufrido una disminución preocupante en su población debido a la caza furtiva, que se ha intensificado en los últimos años.
Desde el Ministerio del Medio Ambiente, se enfatiza que "la conservación de la vicuña es prioritaria para la biodiversidad y la identidad cultural de Chile". Sin embargo, en las comunidades indígenas y fronterizas, voces señalan que la falta de alternativas económicas y la escasa presencia estatal generan un vacío que alimenta estas prácticas ilegales.
Por un lado, las autoridades policiales y ambientales defienden la estricta aplicación de la ley, argumentando que la caza furtiva no solo amenaza a la vicuña, sino que también alimenta redes criminales y pone en riesgo la seguridad regional. El teniente Matías Palacios, jefe de la Tenencia de Ollagüe, señaló que "la detención es un mensaje claro contra la impunidad en zonas remotas".
Por otro lado, líderes indígenas y organizaciones sociales han llamado a abordar el problema desde una perspectiva integral, que incluya diálogo intercultural, programas de desarrollo sustentable y reconocimiento de derechos ancestrales. María Quispe, representante de la comunidad atacameña, afirmó que "criminalizar a nuestros hermanos sin ofrecer soluciones perpetúa la exclusión y la pobreza".
El debate también ha alcanzado al ámbito político, donde algunos sectores conservadores exigen mayor rigor y presencia militar en la frontera, mientras que grupos progresistas promueven políticas de inclusión y protección ambiental con enfoque comunitario.
En términos prácticos, la detención ha permitido esclarecer parte de una red de caza ilegal que podría estar vinculada con la matanza masiva de vicuñas denunciada en marzo de 2025 en la misma zona. La investigación judicial continúa, pero ya se evidencia la necesidad de un enfoque multidimensional para enfrentar un problema que combina crimen, identidad y conservación.
En conclusión, este caso refleja una realidad compleja: la protección de la naturaleza no puede desligarse de las condiciones sociales y económicas de los territorios donde habita. La vicuña, símbolo nacional, está en juego, pero también lo están las vidas y derechos de las comunidades del altiplano.
La única certeza es que la solución no será simple ni rápida, y requerirá un diálogo honesto, políticas públicas integrales y un compromiso sostenido que vaya más allá de la mera reacción policial.