
Un terremoto en el comercio internacional sacudió a Chile a comienzos de 2025, cuando Estados Unidos anunció un arancel del 10% sobre ciertos productos chilenos. El 3 de abril, la candidata presidencial Evelyn Matthei instó a una negociación urgente con Washington, advirtiendo que la economía chilena, pequeña y abierta, no puede permitirse un conflicto prolongado. Este llamado no solo marcó el tono del debate público, sino que puso en evidencia las múltiples tensiones que atraviesan al país en materia comercial y política.
Desde la derecha, voces como la de Matthei han enfatizado la necesidad de dejar de lado los colores políticos para conformar un equipo de expertos en tratados internacionales y diplomacia. “Chile tiene que negociar, porque nadie sabe bien qué es ese 10% que nos atribuyen a nosotros”, afirmó, proponiendo la inclusión de ex cancilleres y negociadores veteranos, además de un rol activo del embajador chileno en EE.UU.
Este enfoque pragmático ve en la negociación una vía para evitar que la disputa escale y cause daños profundos a sectores exportadores, especialmente la minería, la agroindustria y la pesca, pilares históricos del comercio exterior chileno.
Sin embargo, no todos comparten el optimismo de la derecha. Desde sectores progresistas y movimientos sociales se ha cuestionado la dependencia de Chile en acuerdos con potencias económicas que imponen condiciones unilaterales. “Negociar es necesario, pero no a cualquier precio ni sacrificando la soberanía económica”, señalan organizaciones que llaman a diversificar mercados y fortalecer la economía interna.
En paralelo, gremios empresariales han expresado preocupación por la falta de claridad en las medidas estadounidenses y la volatilidad que genera en la planificación de exportadores y productores.
Este episodio no ocurre en el vacío. Estados Unidos ha mostrado un patrón errático en su política comercial, alternando entre imposición y retiro de aranceles, sin incluir a México ni Canadá en esta ronda, lo que añade incertidumbre. La disputa se enmarca en un contexto global de tensiones proteccionistas y reajustes en cadenas de valor, que afectan también a América Latina.
Tras ocho meses desde la declaración inicial, queda claro que la negociación no ha avanzado al ritmo esperado. El gobierno de Gabriel Boric ha convocado a expertos, pero las diferencias internas y la presión política han dilatado respuestas concretas.
Las exportaciones chilenas afectadas han sufrido una caída acumulada cercana al 7%, con impactos directos en empleo y producción. La sociedad observa con creciente inquietud cómo la economía, que parecía robusta, muestra fisuras ante la tormenta arancelaria.
Este episodio revela que Chile enfrenta un dilema clásico: la necesidad de insertarse en el comercio global con reglas claras y previsibles, frente a la vulnerabilidad que implica depender de decisiones externas impredecibles. La negociación no es solo un trámite diplomático, sino un campo de batalla donde se juega el futuro económico y la autonomía estratégica del país.
En definitiva, el desafío es doble: lograr acuerdos que protejan intereses nacionales sin ceder soberanía, y a la vez diversificar la economía para no quedar a merced de las fluctuaciones internacionales. La historia de los aranceles estadounidenses es una llamada de atención que invita a repensar el modelo y a fortalecer la capacidad de Chile para enfrentar tempestades globales, con un debate público que reconozca sus complejidades y contradicciones.