
Chile ha inaugurado un nuevo capítulo en su relación entre empresas y Estado con la incorporación formal del concepto de sostenibilidad tributaria, un cambio de paradigma que supera el mero cumplimiento formal de las obligaciones fiscales. Desde la promulgación de la Ley 21.713 en octubre de 2024, y su despliegue regulatorio durante 2025, Chile se posiciona como pionero en América Latina al introducir en su Código Tributario una definición clara de sostenibilidad tributaria, entendida como el "conjunto de medidas que un contribuyente implementa con el objeto de fomentar la cooperación mutua y transparencia en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias".
Este enfoque se sostiene en tres pilares esenciales: transparencia, certeza jurídica y cumplimiento cooperativo. La transparencia implica que las empresas no solo cumplan, sino que informen abiertamente sobre sus políticas fiscales, estructuras de gobierno y contribuciones tributarias, generando así una legitimidad social que fortalece la confianza ciudadana. La certeza jurídica se traduce en sistemas robustos de gestión y control de riesgos tributarios, que aseguran una aplicación uniforme y predecible de la normativa, elemento clave para la estabilidad empresarial y la confianza inversora. Finalmente, el cumplimiento cooperativo busca un vínculo más colaborativo y menos conflictivo entre la autoridad fiscal y los contribuyentes, promoviendo un diálogo que permita anticipar y resolver diferencias sin llegar a litigios.
Antonio Faúndez, doctor en derecho tributario, señala que este nuevo paradigma "reconoce las buenas prácticas fiscales de las empresas chilenas, sumando valor frente al cumplimiento de sus obligaciones tributarias". Este reconocimiento se traduce en mecanismos como la certificación anual de sostenibilidad tributaria, que otorga un sello oficial a las empresas que demuestran altos estándares de transparencia y cooperación con el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Sin embargo, esta transición no está exenta de tensiones. Por un lado, las empresas enfrentan una creciente carga administrativa y costos asociados a la implementación y reporte de estas prácticas. Por otro, la autoridad tributaria debe equilibrar la rigurosidad en la fiscalización con incentivos claros que fomenten la colaboración genuina, evitando que la certificación se transforme en un mero trámite o en un privilegio para pocos.
En 2025, el SII ha emitido circulares que detallan los procedimientos para acreditar la sostenibilidad tributaria, así como acuerdos de cooperación con grandes grupos empresariales, buscando sentar las bases para un sistema más transparente y eficiente. Esta iniciativa se alinea con estándares internacionales, donde países como España, Inglaterra y Australia han avanzado en modelos colaborativos que reconocen el valor estratégico de la sostenibilidad fiscal.
Desde la perspectiva empresarial, la sostenibilidad tributaria es vista no solo como un deber, sino como una oportunidad para mejorar la gobernanza, fortalecer la reputación y atraer inversiones. Andrea Bobadilla, directora del Grupo Tributario de Albagli Zaliasnik, destaca que "las empresas que cumplen con altos estándares y logran posicionarse dentro del selecto grupo de compañías sostenibles fiscalmente ganan reconocimiento ante inversionistas nacionales y extranjeros". Esto abre una ventana para cambiar la cultura tributaria en Chile, basada en la confianza y la cooperación, y no solo en la fiscalización y sanción.
No obstante, persisten desafíos estructurales. La complejidad del sistema tributario chileno, la sofisticación de esquemas de elusión y la necesidad de una fiscalización moderna y eficiente requieren un esfuerzo conjunto y sostenido. Además, la sostenibilidad tributaria debe integrarse con otros ámbitos de la sostenibilidad corporativa y pública, como la ambiental y social, para construir un modelo integral que responda a las expectativas de la ciudadanía y el mercado.
En definitiva, la sostenibilidad tributaria en Chile es más que un concepto normativo: es un llamado a transformar la relación entre Estado y empresas hacia un modelo más transparente, justo y sostenible en el tiempo. La experiencia internacional y los primeros pasos locales muestran que el camino es posible, pero exige compromiso, diálogo y realismo para sortear las tensiones inherentes a este proceso.
Verdades y consecuencias:
- La sostenibilidad tributaria es ya un componente clave de la gobernanza corporativa en Chile, con reconocimiento legal y mecanismos de certificación.
- Su implementación efectiva puede reducir la evasión, fortalecer la certeza jurídica y mejorar la cooperación entre contribuyentes y autoridades.
- Sin embargo, el éxito depende de una fiscalización inteligente, incentivos claros y un cambio cultural profundo que involucre a todos los actores.
- Este proceso no es reversible y marca un paso decisivo hacia un sistema tributario más moderno y alineado con estándares globales.
Este nuevo paradigma invita a la ciudadanía y a los sectores productivos a observar con atención y juicio crítico cómo se desarrolla esta transformación, entendiendo que la sostenibilidad tributaria es un pilar fundamental para la estabilidad económica y social del país.