
Hace ocho meses, el 3 de abril de 2025, Chile volvió a sentir el estremecimiento de la tierra con un sismo de magnitud 4.0 que sacudió la región de La Serena y otro de 3.8 cerca de Mina La Escondida. Estos movimientos, registrados por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, no fueron eventos aislados, sino parte de una cadena de temblores que han generado inquietud y debate en todo el país.
Desde entonces, la discusión ha ido más allá de la magnitud y la frecuencia de los sismos: se ha instalado con fuerza la pregunta sobre la capacidad real de Chile para enfrentar estos eventos, tanto desde el punto de vista técnico como social.
“Chile es un país acostumbrado a los terremotos, pero la resiliencia no es automática, requiere inversión continua y educación efectiva,” señala la geóloga María Valenzuela, investigadora del Centro Sismológico Nacional. La respuesta estatal, encabezada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), ha enfatizado en la difusión de protocolos de seguridad y la actualización de planes de emergencia.
Sin embargo, en el debate político, las críticas no han tardado en surgir. Desde sectores de oposición, se denuncia que la asignación presupuestaria para prevención es insuficiente y que la infraestructura crítica sigue siendo vulnerable. Por su parte, el gobierno defiende los avances realizados, destacando la reciente aprobación de una ley que fortalece la fiscalización de obras y promueve la inversión en tecnología de alerta temprana.
En las zonas afectadas, las experiencias personales revelan una mezcla de aprendizaje y frustración. En La Serena, habitantes como Juan Pérez recuerdan “la incertidumbre de no saber si las casas resistirán un sismo más fuerte”. Mientras tanto, en el norte, trabajadores de la minería expresan preocupación por las condiciones laborales en un contexto sísmico constante.
Organizaciones sociales han emergido para exigir mayor transparencia y participación en la toma de decisiones, argumentando que la prevención no puede quedar solo en manos de técnicos y políticos, sino que debe involucrar a las comunidades, especialmente a las más vulnerables.
El temblor de abril también puso sobre la mesa la necesidad de fortalecer la educación preventiva. Expertos en psicología social advierten que el miedo puede paralizar o generar conductas erráticas si no se acompaña de información clara y práctica.
“La cultura sísmica debe ser parte del día a día, desde la escuela hasta el lugar de trabajo,” afirma la académica Paula Rojas, especialista en gestión de riesgos.
A ocho meses del evento, queda claro que Chile continúa siendo un país expuesto a la sismicidad, con una sociedad que oscila entre la adaptación y la ansiedad. Las verdades que emergen son múltiples:
- La inversión en prevención y educación es indispensable y debe ser sostenida en el tiempo.
- El diálogo entre autoridades, expertos y ciudadanía es clave para construir una cultura de resiliencia efectiva.
- La infraestructura crítica requiere ser evaluada y reforzada con transparencia y participación.
Este episodio no es solo un llamado a prepararse para el próximo temblor, sino una invitación a repensar cómo Chile enfrenta su relación con la tierra que habita, con sus riesgos y sus certezas. La tragedia ajena que provocan los sismos nos recuerda que la verdadera fortaleza está en la capacidad colectiva de anticipar, resistir y reconstruir.