
Un giro abrupto en la política comercial global se hizo sentir en Chile y América Latina desde que, el 3 de abril de 2025, el gobierno de Estados Unidos anunció la imposición de un arancel base del 10% a todas sus importaciones, sin excepciones. Esta medida, inédita en su alcance, buscaba proteger la industria nacional estadounidense, pero sus reverberaciones alcanzaron a economías dependientes del comercio exterior, como la chilena.
Desde el inicio, la medida generó un choque frontal entre distintos actores. Por un lado, sectores empresariales ligados a la exportación y comercio exterior en Chile manifestaron preocupación por el encarecimiento de insumos y productos finales, que se traduce en una presión inflacionaria y pérdida de competitividad. “Estos aranceles golpean directamente nuestra capacidad de acceder a insumos claves, lo que pone en riesgo empleos y la estabilidad de nuestras cadenas productivas”, señaló un representante de la Cámara de Comercio de Santiago.
En contraste, voces políticas más alineadas con posturas proteccionistas y de fomento a la industria nacional vieron en la medida estadounidense una oportunidad para repensar la dependencia excesiva de cadenas globales. “Es momento de fortalecer nuestra industria local y diversificar mercados, evitando quedar a merced de decisiones externas”, afirmó una diputada de oposición.
El efecto en la economía chilena no fue homogéneo. Regiones con fuerte dependencia de exportaciones mineras y agrícolas vieron cómo sus productos enfrentaban mayores costos y menor demanda. Sin embargo, sectores urbanos y consumidores enfrentaron un alza en precios de bienes importados, que impactó el poder adquisitivo, especialmente de las clases medias y bajas.
Organizaciones sociales y académicos advirtieron sobre un aumento en la desigualdad económica y social como consecuencia indirecta de estas políticas. Según un estudio del Centro de Estudios del Desarrollo (CED), el encarecimiento de productos esenciales afectó más a hogares vulnerables, mientras que la reactivación de industrias locales aún no logra compensar las pérdidas.
En el plano político, la medida estadounidense abrió un debate intenso sobre la estrategia económica chilena en un mundo cada vez más volátil. Algunos sectores del gobierno y economistas propusieron acelerar reformas tributarias y de incentivos para estimular la inversión y la innovación, buscando reducir la vulnerabilidad externa. Otros, en cambio, insistieron en mantener la apertura comercial como pilar del crecimiento, advirtiendo que el proteccionismo podría derivar en un estancamiento.
“La política tributaria debe ser un estímulo para el crecimiento, no solo un mecanismo de recaudación”, afirmó Claudio Bustos, socio de Bustos Tax & Legal, en un análisis publicado en abril, que cobra relevancia ante el escenario actual.
A medio año de la implementación de los aranceles, se puede concluir que:
- Los aranceles del 10% han tensionado las cadenas productivas y comerciales chilenas, evidenciando la fragilidad de depender de mercados externos sin diversificación.
- Las respuestas políticas y económicas siguen divididas, reflejando una disonancia cognitiva entre la urgencia de proteger sectores vulnerables y la necesidad de mantener una economía abierta y competitiva.
- El impacto social ha sido desigual, con mayor presión sobre hogares de menores ingresos, lo que plantea desafíos en materia de políticas públicas para mitigar efectos regresivos.
- La experiencia refuerza la importancia de un debate profundo y pluripartidista sobre el modelo económico y tributario, que trascienda la inmediatez y considere el contexto global y local.
En definitiva, este episodio es un recordatorio de que las decisiones en el escenario internacional tienen consecuencias profundas y duraderas en las realidades nacionales, y que solo con análisis riguroso y pluralidad de voces será posible enfrentar estos desafíos con mayor resiliencia y justicia social.
2025-11-12
2025-11-12